Intervención sospecha si el dinero que recibe la empresa cementerio de Córdoba se ajusta a la legalidad
La Intervención municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha dado un toque al gobierno municipal para que repiense la forma en la que está financiando el servicio público de cementerios. En concreto, si el dinero que recibe la entidad Cecosam se ajusta a la legalidad expresada en la directiva europea sobre libre competencia. El departamento de fiscalización de fondos considera que las aportaciones que realiza el presupuesto municipal pueden entrar en contradicción con la directiva europea que establece la prohibición de dar dinero a empresas públicas que lleven a cabo servicios de carácter económico general.
El portavoz municipal del PP, José María Bellido, advirtió ayer de la situación de Cecosam, que probablemente sea la situación más complicada de todo el sector público a la luz del informe de Intervención al proyecto de Presupuestos para 2017. En concreto, Bellido reclamó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que empiece a tomar decisiones porque la situación puede derivar en una coyuntura mucho peor.
En el caso de Cecosam, se trata de una empresa cuyo ámbito de actuación excede el del tradicional servicio público de cementerios ya que también tiene actividades donde entra en competencia directa con las empresas privadas del sector funerario. «La empresa compite libremente en el mercado con criterios de igualdad jurídica con el resto de operadores por lo que cualquier ayuda tiene que ser analizada especialmente a la luz de estas exigencias», explica el documento. En concreto, el dictamen reclama que se establezca un análisis de las cuantías que se destinan a Cecosam para, en segunda instancia, comunicar a la Comisión Europea cómo está procediendo de forma que sea el comisario correspondiente quien decida si todo está correcto.
En segundo lugar, Intervención realiza una advertencia concreta sobre Cecosam. Asegura que la empresa está contabilizando las ayudas municipales como ingresos de explotación. Es decir, como si fuese parte de los ingresos ordinarios de la actividad que se expresan en las tarifas de la entidad por los distintos servicios funerarios que presta. Intervención entiende que deben convertirse en fondos propios societarios de la entidad, lo que eliminaría estas partidas de la cuenta de resultados. Bellido aseguró que cambiar la contabilidad de esa manera haría que la empresa diese pérdidas y entrase en causa de disolución.
Otras empresas entre interrogantes
El PP señaló ayer, con el documento de Intervención en la mano, que el servicio que fiscaliza las cuentas públicas ha realizado advertencias que salpican prácticamente a todo el sector público. En Vimcorsa, por ejemplo se alerta del problema que acontece a una empresa que tiene gastos fijos, estructurales, pero que no tiene ingresos por la ausencia de viviendas que vender o alquilar. El problema de liquidez previsto para 2017, muy problemático, se paliará con la reversión de dos millones de euros pagados a Procórdoba por unos suelos que finalmente no se van a edificar.
En la Gerencia de Urbanismo, por su parte, se alerta de que siguen sin darse pasos que permitan regularizar la situación del personal laboral. El portavoz popular aseguró que se trata de una forma de trabajar del equipo de gobierno, que da de lado los problemas pese a tener encima de la mesa los informes de los estamentos técnicos que le advierten de que las cosas no pueden seguir igual. Por su parte, el dictamen vuelve a asegurar que Aucorsa necesita que se tomen medidas para garantizar la viabilidad que no consistan siempre en el incremento de transferencias. El cogobierno destina anualmente tres millones de euros más a Aucorsa que lo que remitía el PP.