Los cadáveres que nadie reclama
Hay muertos que no tienen quien les llore. De las 300 autopsias que se realizan anualmente en el Instituto de Medicina Legal de Donostia, la mayor parte deviene en causas naturales y los cuerpos son velados por los familiares, pero no siempre. En torno a diez cadáveres sin dueño descansan cada año en la cámara de congelación del instituto anatómico forense, a la espera de una resolución judicial.
El juzgado que instruye la investigación por el incendio ocurrido en un pabellón de Andoain, que se cobró la vida del cubano Tomás Moreno González, ha cumplimentado la tramitación necesaria para que los familiares caribeños se hagan cargo del malogrado vecino de Andoain, puesto que aquí no tenía ningún allegado. Su cuerpo quedó carbonizado, pero pudo ser identificado.
Es algo que no siempre ocurre. Incluso conociendo la identificación del fallecido, hay familiares que rechazan hacerse cargo del cuerpo. “Tan pronto como terminamos la autopsia, prácticamente a los minutos ya sería posible que la familia dispusiera del cadáver. Pero en ocasiones, bien por cuestiones personales o de carácter judicial, los allegados se retraen”, explica a este periódico David del Valle, responsable del Instituto de Medicina Legal en Gipuzkoa.
Seguimos sus pasos, camino de la sala de cámaras del Servicio de Patología Forense. Junto al pasillo hay dos quirófanos, donde se están practicando autopsias. “Aquí es donde se guardan los cadáveres”, indica Del Valle.
Frente a él, cuatro cámaras numeradas con espacio para tres cuerpos en cada una de ellas. Antes de tomar las fotografías para este reportaje son borrados los nombres identificativos con el fin de salvaguardar la identidad de los fallecidos y evitar el más mínimo problema. “Somos muy celosos en ese sentido… Estas son las cámaras normales. La última, la que no está numerada, es la de congelación. Todo cadáver, antes y después de realizarle la autopsia, pasa por las cámaras frigoríficas, pero los cuerpos que no están identificados van a la de congelación. Solo hay espacio para tres”, explica.
Compás de espera
Orden judicial
Inhumación
De ahí la importancia de tomar una decisión. Se trata de casos puntuales al cabo del año, pero que exigen una resolución judicial. “Por nuestra parte, dejamos transcurrir unos dos o tres meses, y a partir de ahí preguntamos al juez en qué situación está el proceso de recogida del cadáver”.
Se redacta un informe preliminar con cada una de las 300 autopsias que se practican al año, y esa información se remite al Registro Civil, para que pueda realizar la inscripción del fallecimiento, y así poder enterrar el cuerpo.
Generalmente se gestiona rápido, incluso los fallecimientos de personas extranjeras. Pero cada año hay “en torno a cinco o diez casos” en los que la resolución se demora al tratarse de personas no identificadas cuyos datos no se pueden cotejar. La Policía rastrea, pero no hay forma. No consta por ningún lado que nadie esté buscando a alguien similar. A partir de ahí el juez hace las instrucciones oportunas para que se le pueda inhumar.
“Una vez transcurrido el primer compás de espera, suele haber otro plazo de dos o tres meses más. El juez que lleva el caso es el que decide cuándo se certifica definitivamente que nadie quiere recoger el cuerpo. A partir de ahí se gestiona la inhumación en el cementerio del municipio correspondiente, en unas fosas habilitadas a tal efecto”.
La gestión se realiza a través de los Servicios Sociales del ayuntamiento donde se ha producido el fallecimiento. “No hay instalaciones para tener aquí cadáveres y cadáveres durante largo tiempo. Es una cuestión de pura práctica”.
