Funerarias, grupos políticos y sindicatos contrarios a que Cementiris de Barcelona preste servicios funerarios
Empresas, grupos municipales, sindicatos y entidades han presentado alegaciones a la modificación de los estatutos de la empresa municipal Cementiris de Barcelona para que preste servicios funerarios, después de que el plazo para presentarlas tras la aprobación inicial haya finalizado esta semana.
En concreto, han presentado alegaciones las empresas Áltima y Mémora; los grupos municipales de CiU, PP y ERC; el sindicato UGT, y la Entidad Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al ámbito de las Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), han detallado fuentes municipales.
La comisión de Presidencia aprobó inicialmente modificar estos estatutos en diciembre, en una sesión que también aprobó de forma inicial la memoria que contempla la justificación de la conveniencia y el interés público de la creación del operador municipal, algo que contó con el apoyo del Gobierno de BComú y PSC, de ERC y la CUP, y la abstención del resto de grupos.
Empresas y entidades cuestionan en sus alegaciones, consultadas por Europa Press, la viabilidad del operador público, el precio que prevé el Ayuntamiento y la memoria justificativa, ya que consideran que se basa en datos erróneos y una situación del mercado tergiversada, «absolutamente falsa y alejada de la realidad».
Advierten de que el operador público no podrá realizar tantos servicios como prevé, por lo que deberá rebajar los precios, algo que perjudicará las arcas públicas, y sostienen que el expediente contiene «vicios en la legalidad que lo hacen jurídicamente insostenible», porque no acredita suficientemente la conveniencia ni la oportunidad y supone una ventaja competitiva de la nueva empresa respecto al resto.
Afirman que el Ayuntamiento tendrá ventajas en el ámbito regulatorio, en acceso al patrimonio y a aportaciones públicas, y consideran que Cementiris de Barcelona integrará dos actividades de naturaleza prestacional muy distinta –los servicios funerarios en un ámbito liberalizado, y los cementerios, de gestión pública–, lo que producirá una «fuerte distorsión de la competencia».
Por su parte, Áltima avisa de que el Ayuntamiento se basa en un estudio con una «falta absoluta de rigor» en los precios medios de los servicios funerarios en la ciudad, ya que el consistorio los cifra en 6.200 euros, cuando una auditoría de la empresa sobre sus servicios en el Tanatori de la Ronda de Dalt sitúa el precio medio en 2.635 euros.
El Gobierno de Ada Colau prevé ofrecer servicios funerarios a un precio entre 2.400 y 4.700 euros, con un tanatorio municipal que pretende abrir en 2019 y que contará con seis salas en un edificio que plantea construir en la parte sur del cementerio de Montjuïc por 3,5 millones de euros.
