La funeraria municipal de Barcelona podría ser más cara que los operadores privados
En noviembre pasado el ayuntamiento de Barcelona anunció que iba a crear una funeraria municipal para abaratar el precio de los servicios funerarios en un 30%. Apoyándose en un estudio de la OCU, el ayuntamiento aseguraba que el precio medio de un enterramiento en Barcelona era de 6.500 euros, situando a la Ciudad Condal como la más cara de España.
Las empresas funerarias, Áltima y Mémora, aportan auditorias que demuestran que el precio medio en Barcelona en 2016 no superó los 3.500 euros. El precio medio de Áltima se sitúa en 2.625 euros, mientras que el de Mémora está en 3.111 euros.
En Barcelona operan en tres empresas: Interfunerarias, Áltima y Mémora, además de funerarias de otros municipios.
El proyecto de funeraria que quiere montar la alcaldesa Ada Colau podría ofrecer precios más caros que los que ofrecen en la actualidad las empresas funerarias. Las previsiones de ingresos y gastos que plantea el ayuntamiento no son realistas, ya que para obtener el precio medio de los servicios funerarios, el ayuntamiento se basa en un estudio que la OCU realizó en 2013 a través de una encuesta telefónica.
El ayuntamiento no contempla que un 20% de la factura total de un servicio funerario corresponde a los gastos de cementerio y crematorio. En Barcelona, cementerios y crematorios son un monopolio municipal. La empresa pública Cementeris de Barcelona SA (CBSA) obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros.
Si la alcaldesa Ada Colau quiere rebajar los precios que pagan los barceloneses por las incineraciones lo tiene fácil: puede recortarlo en 2,8 millones de euros, que es el beneficio del monopolio municipal.
El ayuntamiento también aseguran que el abaratamiento del costo del servicio funerario vendrá por la necesidad de «garantizar la liberalización» del sector. Eso tampoco se sostiene, ya que el sector ya está liberalizado desde que se acabó con el monopolio municipal en 1996. El único aspecto que falta por liberalizar es el de los cementerios y los crematorios, que gestiona el mismo ayuntamiento de Barcelona en régimen de monopolio.
El ayuntamiento de Ada Colau no ha permitido la construcción de más tanatorio y en consecuencia más operadores de servicios funerarios ha sido responsabilidad del propio consistorio debido a las dificultades urbanísticas y técnicas que impone, según se apunta en las alegaciones al proyecto municipal elaborado por las funerarias. Las ordenanzas municipales restringen la actividad y, especialmente, que se puedan construir nuevos tanatorios. Los permisos pueden demorarse años, si es que se conceden.
Resulta curioso que el ayuntamiento impulse ahora unas nuevas ordenanzas municipales, que facilitarían la implantación de la funeraria pública, precisamente cuando se desprende de su participación en la sociedad mixta Serveis Funeraris de Barcelona (SFB). Las empresas no sólo lo consideran un agravio sino una actuación constitutiva de competencia desleal.
En 2011, el ayuntamiento tenía el 51% de SFB y vendió el 36% a una filial de Mémora y, en la actualidad, prepara la venta del 15% restante. PSC e ICV fueron quienes quisieron privatizar los servicios funerarios y actualmente forman parte del equipo de gobierno de Ada Colau, que es quien ahora apoya la remunicipalización.
Los servicios de beneficencia actualmente ya están garantizados por las mismas empresas funerarias que operan en Barcelona. Tal como prevén las ordenanzas vigentes, las funerarias asumen este servicio, que ha supuesto un costo del 4% del total del servicio, siempre que los Servicios Sociales del ayuntamiento presenten la documentación pertinente.
