Josep Ventura de Áltima, considera que la funeraria municipal de Barcelona es inviable y tiene visos de ilegalidad
El director general de Áltima, Josep Ventura, ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona que redefina y recalcule las previsiones económicas del operador funerario municipal que prevé crear porque considera que tal y como está planteado el proyecto es «inviable» y tiene visos de ilegalidad.
En una entrevista de Europa Press Ventura, ha criticado que el consistorio cuenta con una ventaja competitiva y que los elementos con los que justifica el proyecto no existen y se basa en un precio del sector de manera incorrecta, porque lo cifra en 6.441 euros cuando el de Áltima es de 3.164 incluyendo el IVA, impuesto que recuerda que se sitúa en el 21% cuando antes era del reducido, algo que el sector pide cambiar al Gobierno español.
También ha señalado que el precio por servicio que expone el ayuntamiento se basa en un estudio que la OCU elaboró en 2013 con una metodología que ve dudosa y sin definir un servicio funerario básico, sin contactar con Áltima y sin considerar las distintas costumbres locales: «Sorprende que el Ayuntamiento de Barcelona, que es bastante serio, base sus planteamientos en un informe que tiene estas carencias».
Exige all ayuntamiento elaborar un análisis de los precios «en profundidad», especialmente si su principal objetivo es rebajar el importe, factor que no es el más determinante en la elección de los usuarios, que valoran la proximidad y experiencias anteriores, según el director general de Áltima, que opera en Barcelona desde el Tanatorio de la Ronda de Dalt con 4.000 servicios anuales, 60 empleados y 20 salas velatorio.
«Entiendo que pueda haber en el fondo una cuestión ideológica, pero no te puedes basar en cosas que no están bien hechas», ha avisado Ventura, que considera que el Gobierno de Colau pretende hacer política con este tema, y que la fecha de apertura de la funeraria municipal coincide con las próximas elecciones municipales, en mayo de 2019.
Ha defendido que tendría más sentido que el consistorio recuperara el control de Barcelona Serveis Funeraris (BSF) –el ayuntamiento prevé vender el 15% que conserva, y el resto es de Mémora–, y ha añadido: «Sería más valiente por parte del consistorio que, si anteriores gobiernos se equivocaron vendiendo la participación, la volviese a comprar».
Menos ingresos y más gastos
Josep Ventura asegura que los ingresos de la funeraria serían inferiores a los que calcula el plan de viabilidad económica –prevé una cuota de mercado del 11%, algo que Áltima ve difícil cuando tiene un 24%–, con unos 300.000 euros menos, y que los gastos serán mayores –para personal y el impuesto de sociedades–, igual que la inversión, que Ventura cree que alcanzará los 4,2 millones, mientras que el ayuntamiento la cifra en 3,5 millones.
La ley permite impulsar esta iniciativa si es viable y si el ayuntamiento opera en igualdad de condiciones con el resto de operadores, algo que Ventura cree que incumple, porque se beneficia de la estructura de Cementiris de Barcelona –a través de la que ofrecerá el servicio– y se adjudicará directamente los terrenos, situados en Montjuïc, en los que podría «vulnerar la legalidad urbanística», porque se ubican en una zona verde demasiado cerca de la Ronda Litoral, según él.
«Es un vicio de legalidad. No está operando en las mismas condiciones que el resto», ha aseverado el directivo, que ve competencia desleal y que ha dicho que el Ayuntamiento prevé abrir el tanatorio público en dos años cuando Áltima lleva cinco tratando de abrir otro –en el entorno del cementerio de Sant Andreu–.
Ha garantizado que su empresa estudiaría presentarse a un concurso por los terrenos de Montjuïc si el consistorio lo convocara, algo que cree que debería hacer al entrar en competencia con la actividad privada.
Tras avisar de que una rebaja de precios implicaría una menor calidad, Ventura ha pedido al Ayuntamiento que, antes de crear la funeraria pública, modifique la Ordenanza de Servicios Funerarios –algo que está en marcha– para hacerla «más aperturista» y fomentar la competencia; cree una comisión con el sector; aplique la ordenanza con sanciones si las empresas la incumplen, y rebaje los precios de cementerios y crematorios, servicios públicos que representan un 20% del servicio funerario.
Áltima, con una facturación de 44 millones de euros –11,4 en el tanatorio de la Ronda de Dalt–, se ha reunido con los grupos de la oposición y con el gerente del Ayuntamiento, Jordi Martí, y prevé hacerlo con los servicios jurídicos, aunque ha solicitado hacerlo con el concejal de Presidencia, Eloi Badia, y descarta un frente común con otros operadores: «Al final somos competidores y cada uno va un poco por su lado».
