Los psicólogos forenses recuerdan que sus dictámenes son decisivos para tomar decisiones judiciales

Los psicólogos forenses son profesionales cada vez más demandados por la Administración de Justicia, ya que su actuación es esgrimida como prueba dentro del proceso judicial y su testimonio tiene un efecto decisivo en la toma posterior de decisiones, puesto que constituye un argumento experto sobre cuestiones del comportamiento humano muy específicas.

Así lo ha reconocido a Europa Press la presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), María José Catalán, quien explica que esta rama profesional es una parte del ámbito de la psicología jurídica que se enmarca en la actuación del psicólogo dentro de los tribunales.

En concreto, los tribunales requieren el conocimiento profesional de los psicólogos forenses para analizar un determinado caso judicial en el que los elementos básicos del conocimiento psicológico están en juego, tales como factores cognitivos, conductuales y emocionales del individuo, y relacionales con respecto a grupos como los familiares.

Catalán ha hecho estas declaraciones en Murcia, ciudad que se convierte esta semana en la capital de la psicología forense a nivel nacional, ya que acogerá la V Convención de la APF, la presentación de dos libros sobre esta disciplina, un curso sobre evaluación en el ámbito forense y las I Jornadas delitos de odio y discriminación, en las que se darán cita los mejores especialistas en este área.

La presidenta de la APF explica que la cualificación profesional para la realización de periciales se obtiene a través de formación de postgrado, con formación específica en cada uno de los ámbitos de intervención, debiendo de recibir formación continua a fin de conocer las últimas investigaciones y nuevos conocimientos de este ámbito.

«Aunque todos los profesionales que trabajamos en este ámbito reconocemos la importancia de contar con una formación especializada en este ámbito, no existe todavía una regulación oficial de este campo de la psicología», lamenta Catalán. Precisamente, explica que el Consejo de la Psicología está involucrado en la consecución de este objetivo, colaborando para ello el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, y Asociaciones profesionales como la APF.

Actualmente, en la Región de Murcia trabajan en este ámbito profesionales tanto desde el ámbito público como privado, según Catalán. Por ejemplo, en el ámbito público, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia (IMLyCF) cuenta con cinco psicólogos, tres en la sede de Murcia y dos en la de Cartagena.

Además, en los Juzgados de Menores, integrados en los Equipos Técnicos, prestan servicio tres psicólogos aunque se prevé en breve una nueva incorporación, al igual que un psicólogo adicional en el IMLyCF en Murcia.

En el ámbito privado, Catalán explica que en estos momentos está funcionando una lista de refuerzo, compuesta por 24 psicólogos y psicólogas del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM), que actúan realizando peticiones de periciales directamente remitidas por los órganos judiciales.

Esta labor se realiza bajo el paraguas de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Psicología, a fin de poder dar respuesta al incremento de la demanda de periciales psicológicas junto con la escasa presencia de psicólogos dentro de la Administración de Justicia, según Catalán.

Existe además otra lista de psicólogos peritos que se remite todos los principios de año a los órganos judiciales en cumplimiento de lo establecido en la legislación y que está compuesta por algo más de 50 psicólogos. Además, Catalán destaca que es habitual que se solicite la intervención y declaración de psicólogos dentro de los procedimientos judiciales.

RETOS DEL SECTOR
Como retos de este ámbito de intervención, los profesionales de la psicología forense se marcan, en primer lugar, la regulación a través de la creación de un máster en psicología forense que sea profesionalizante, tal y como destaca la presidenta de la APF.

En otro orden de cosas, sus objetivos van orientados a extender sus intervenciones a todos los ámbitos judiciales en que sea necesario contar con el dictamen experto de un psicólogo, así como acotar la parte que les es propia por ser los profesionales formados en el estudio de la conducta y comportamiento humano, evitando con ello el intrusismo profesional.

«Deben de formarse también los operadores jurídicos en la ayuda que el psicólogo puede ofrecerles profundizando en las facetas que le son propias», añade esta profesional.

Por ejemplo, Catalán precisa que los psicólogos en Murcia están siendo requeridos de manera habitual para el estudio de las familias tras la ruptura de la relación entre los adultos, a fin de valorar el marco de convivencia más adecuado para los hijos; así como en todo lo que tiene que ver con víctimas, tanto adultos como menores.

En el caso de los adultos, los profesionales de este ámbito intervienen fundamentalmente en el ámbito de violencia de género, integrados en los equipos de valoración integral en los que el psicólogo estudia la dinámica relacional, el riesgo del denunciado, así como las secuelas psicológicas de la violencia en la mujer y en los hijos.

En el trabajo con menores, los psicólogos forenses suelen ser requeridos para la evaluación de las repercusiones o huella psicológica de los delitos que han sido víctimas, fundamentalmente malos tratos y abuso sexual infantil y, en este último caso, la credibilidad del testimonio.