«Dejadnos trasladar a los muertos en paz»: revuelta contra la ley funeraria de las 24h
Alguien fallece en Madrid y su familia planea enterrarlo en otra comunidad autónoma. Por ejemplo, en su localidad natal. Con este escenario de partida arranca una odisea que se repite a diario, un trámite de otros tiempos que abulta la factura de los servicios funerarios y hace aún más amargo el trago para sus clientes.
El problema radica en la llamada ‘ley de las 24 horas’, una regulación sanitaria que solo mantienen algunas comunidades autónomas -Madrid es la más rigurosa en su aplicación- y que obliga a esperar un día entero antes de trasladar el cadáver de una región a otra. La limitación arrastra a muchas familias a dolorosas esperas y soluciones extremas en el peor momento posible. Algunos acaban pagando dos velatorios: uno en la localidad donde se produce el fallecimiento y otro en casa. Paradójicamente, resulta mucho más sencillo –y barato— llevar un féretro de Valencia al Bilbao que recorrer los 15 kilómetros que separan Guadarrama (Madrid) de San Rafael (Segovia).
La normativa lleva años soliviantando a vecinos, alcaldes y pequeñas funerarias, especialmente en las regiones limítrofes con Madrid. Pero hasta principios de julio nadie había elevado la voz a nivel institucional. La diputación de Ávila puso por primera vez el tema en la agenda política hace unos días, aprobando por unanimidad una moción que pide a la Junta llegar a acuerdos con otras comunidades vecinas para eliminar los “obstáculos legales” que existen para el traslado de personas fallecidas.
Desde Ávila se ha abierto una ronda de consultas, especialmente con la Comunidad de Madrid, para “evaluar la problemática del traslado de cadáveres” ante el “evidente perjuicio económico” y el “elevado coste afectivo y sentimental”. El portavoz de la diputación, Juan Pablo Martín, alcalde de Sotillo de la Adrada, lo describió en declaraciones a la prensa local como un “tema urgente” y explicó que en su pueblo hay al menos un caso a la semana
Presiones políticas y económicas
Los promotores de la iniciativa declinaron hablar. Optaron por «dejar que la negociación siga sus cauces», alegando que prefieren tratar el tema con discreción. Fuentes del sector atribuyen tanta cautela a las “enormes presiones económicas y políticas” que existen para evitar que deje de aplicarse una norma sanitaria «totalmente obsoleta». “Hay un grupo de gente a la que le interesa mucho que se siga aplicando la norma, especialmente las funerarias más establecidas en Madrid, que tienen el monopolio de los fallecidos gracias a la normativa que dificulta el traslado”, aseguran.
Consultado al respecto, el directivo de una de las funerarias con más peso en la capital insiste en que «las grandes» también sufren la normativa de las 24 horas y están a favor de su derogación. “Entendemos que mover cadáveres es un tema muy serio porque hay muchos factores, como las enfermedades que pueden propagar. Pero es de sentido común que esta norma hay que cambiarla, independientemente de cómo afecte al mercado. Yo no creo que haya presiones, creo que el problema es que se sigue aplicando una ley de los años setenta por motivos sanitarios”.
La norma de las 24 horas, desaparecida en Aragón, País Vasco y otras comunidades, sigue en vigor en lugares como Castilla y León o Cantabria. Pero es en Madrid, explican las empresas funerarias consultadas, donde se aplica con mayor celo. “Para trasladar el cuerpo hay que comunicarlo a Sanidad, y ellos a menudo mandan un inspector minutos antes de que se cumplan las 24 horas. Si el cadáver no está allí, imponen una sanción muy dura”, describen. Al respecto, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tampoco respondió a las preguntas de El Confidencial.
La normativa, en realidad, lleva años siendo objeto de polémica y aparece periódicamente en informes y comunicados sanitarios. En mayo de 2011, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, lo anunció como una de las grandes promesas de su Anteproyecto de Ley Sobre Servicios Funerarios, una reforma para la liberalización del sector, en la que la ‘ley de las 24 horas’ era descrita como una medida “desproporcionada” en los cadáveres que “no presentan riesgos para la salud pública”. El texto, redactado por Economía y Sanidad, suponía la transposición de la directiva de servicios europea a la legislación española.
También el Ministerio de Economía, en un informe del Consejo para la Unidad del Mercado de julio de 2014, se expresó contra la ‘ley de las 24 horas’, al considerarla contraria a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
