Reportaje // Un cementerio creado en beneficio de la salud pública
Los camposantos nacen como consecuencia de una real cédula librada el 3 de abril de 1787 en la que se establece el uso de cementerios ventilados para sepultar los cadáveres de los fieles. El origen del permiso está en la epidemia sufrida en la villa de Pasaje, provincia de Guipúzcoa, el año de 1781, causada por el hedor que se sentía en la iglesia parroquial por la multitud de cadáveres enterrados en ella, agregándose otras noticias de las epidemias padecidas en otras provincias del Reino y la memoria de otras anteriores. Así se meditó el modo más apropiado de precaver los tristes resultados de esta naturaleza, oyendo a los arzobispos y obispos y a otras personas para que se pudiese tomar una solución que asegurase la salud pública.
De este modo, la real cédula observa el uso y construcción de cementerios y que todo se ejecute en buen orden en beneficio de la salud, haciendo cementerios fuera de las poblaciones en lugares ventilados e inmediatos a las parroquias, distantes de las casas de los vecinos y establece que se aprovechasen para capillas de los cementerios, las ermitas que existiesen fuera del pueblo. La construcción se ejecutaría al menor costo posible, procediendo a las obras precisas con los caudales de la fábrica de las iglesias, si los hubiese. Lo que faltase se prorrateará entre los partícipes en diezmos, incluso las reales tercias, ayudando también los caudales públicos, con mitad o tercera parte del gasto, según su estado, y con terrenos en que se haga construir el cementerio, si fuesen concejiles o de propios.
No debía enterrarse a nadie en las iglesias, salvo reyes y reinas y sus hijos, obispos, priores, comendadores y a los que hicieren iglesia de nuevo o monasterio.
Pese a esta real orden, no se haría absolutamente nada hasta el año 1804 en que por otra nueva real cédula se priorizaba la edificación y enterramiento en los cementerios de las villas y ciudades. Según el reparto de las sepulturas y el pago asignado a cada parroquia, al cementerio de La Coruña le correspondían en total 2.993 sepulturas y un costo de 158.628 reales, de los que 2.524 se dedicaban al plantío y otras necesidades solo del cementerio.
A la parroquial de San Nicolás se le asignaban 863 sepulturas y contribuir con 45.739 reales. La parroquial de San Jorge tendría otras 863, e igual contribución, a Santa María del Campo le son asignadas 167 y un reparto de 8.851 reales. La de Santiago, 123 y pagar 6.519 reales. Al Hospital Real se le asignan 476 y un reparto de 25.228 reales. Al Hospital del Buen Suceso, 221 y contribuir con 11.712 reales. Y al Hospital de la Caridad le asignan 280 y pagar 14.840 reales.
Pero según el cálculo del arquitecto Fernando Domínguez Romay realizado el 11 de septiembre de 1805, el costo del cementerio alcanzaba los 156.104 reales y otros 137.355 reales el de la capilla del propio camposanto, que en su conjunto se cifraba en los 293.549 reales de la época. Este nuevo cementerio general quedaba situado en el camino que va a la ermita de San Amaro, hasta el que sigue de los Pelambres a orilla de la mar.
Este terreno dista de la población al menos 300 pasos, cuando la distancia de estos establecimientos parece estar fijado en el número de cien, y tiene bastante pendiente para que su frente y costado más inmediato a la población –y camino más frecuentado el que va a la Torre de Hércules– forme una elevación muy favorable por el mayor ímpetu de los vientos; esta situación comprende los orientes de verano e invierno y disipan las emanaciones, siendo el dominante el nordeste.
Al prohibir los enterramientos en las iglesias, como se venía haciendo hasta aquel momento y ante la saturación de cadáveres en dichos templos, se hace imprescindible mientras duren las obras del cementerio habilitar uno provisional en la ciudad, además de contar con la negativa militar de que se levantase en dicho lugar, por dejar ciego el tiro de cañón desde el baluarte de Toledo. Esto demoró la obra hasta 1812. Mientras, el 8 de noviembre de 1809 se libra una orden de Miguel de Castro y Figueroa mediante la cual se dispone que los enterramientos en los cementerios provisionales sean ventilados y que se hayan construido ínterin, se edifiquen con sencillez y economía, como está mandado en las reales órdenes de 1804. Por consiguiente, el cementerio provisional que se hizo en la huerta de San Francisco de esta ciudad sea por ahora el único sitio y lugar en donde deberán enterrarse sin distinción alguna todos cuantos falleciesen en esta ciudad.
Por su parte, el arquitecto Fernando Domínguez Romay, el 4 de mayo de 1812, hace mención de las condiciones en que se debía comenzar a construir el cuadrado del cementerio general de La Coruña.
No será este muy utilizado desde su entrada en servicio hasta que en 1821 se abre un expediente sobre la orden de conducir los cadáveres al nuevo camposanto coruñés, haciendo saber a los curas párrocos que sus feligreses coloquen los cadáveres en cajas cerradas y los depositen en la capilla más inmediata al cementerio. Ínterin se construye una en el propio cementerio, a partir de un oficio que lleva fecha 21 de junio de 1821 y está firmado por el gobernador de la plaza, Manuel Latre. Cabe reseñar que la capilla del cementerio general se acaba de construir en el año 1834 a expensas de Fernando Queipo de Llano.
