La Policía investiga al jefe de Anatomía de la Complutense por lucrarse con los cadáveres
El que fuera jefe del departamento de Anatomía Patológica II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, José Ramón Mérida, se sitúa actualmente en el centro de la investigación judicial por el caso de los dos centenares de cadáveres que aparecieron en malas condiciones, sin identificar y apilados en la cámara frigorífica y junto al horno crematorio. La Brigada Central de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha orientado sus pesquisas hacia la posibilidad de que este catedrático se haya lucrado ilícitamente por medio de la organización de cursos no homologados en los que utilizaba los mencionados cuerpos.
En concreto, los agentes del Grupo III de la mencionada brigada remitieron recientemente un oficio al Juzgado número 37 de Madrid en el que reclamaban a la Facultad de Medicina los cursos que ha impartido el departamento desde 2008 hasta la actualidad, cuánto ha durado cada uno, en qué fechas se dieron, en qué aulas, qué alumnos y qué empresas participaron, cuántos diplomas se expidieron, historial clínico de los cadáveres que se utilizaron y hasta de qué funeraria u hospital provenían los cuerpos.
Asimismo, la policía solicita al área de Gestión Económica de la Universidad Complutense que aporte la relación de aulas alquiladas por el departamento de Anatomía II, el dinero que se ha ingresado por estas rentas y el nombre de quienes se lo han embolsado; así como la cantidad cobrada por los cursos y la identidad de los profesores o departamentos que se la han quedado y los justificantes de pago entregados a los alumnos.
Por otra parte, los investigadores han tenido conocimiento, a través de «gestiones de investigación», de que «la mayor parte de los cadáveres proceden de la empresa Parques de la Paz Parcesa», por lo que han solicitado que esta mercantil aporte el número de cadáveres remitidos a la Facultad de Medicina desde 2008 hasta hoy, el protocolo de traslado, el registro de los mismos, la documentación de cada cuerpo, los justificantes de entrega a la Universidad Complutense e incluso la persona que recibió cada fallecido.
La policía también considera «necesario» investigar el «perfil económico patrimonial de la persona investigada» así como de su «núcleo familiar, personal y laboral», con el fin de «identificar el patrimonio atribuible» directamente a su actividad legal y el que podría proceder, en caso de que lo hubiera, de otros orígenes ilícitos. En concreto, los agentes reclaman al juzgado indagar en el patrimonio de Mérida Velasco, en el de su mujer, en el de su hija, en el de su hermano y en el de la secretaria de su departamento.
Tras saltar a la luz el escándalo del mal estado en el que se encontraban los cadáveres, la Fiscalía de Madrid interpuso una denuncia y reclamó un informe forense sobre la situación. El documento técnico concluyó que existía una relación directa entre la sustancia utilizada para conservar los cuerpos, que emitía un fuerte olor e incluso gases nocivos para la salud, y las dolencias que presentaron algunos trabajadores del departamento de Anatomía II, responsable de custodiar los restos humanos. Esto provocó que el Juzgado 37 iniciara una investigación por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Reapertura de un caso cerrado
Sin embargo, tras la petición de la Fiscalía de ampliar los ilícitos a malversación y cohecho, el Juzgado 37 tuvo conocimiento de que la Universidad Complutense y el propio ministerio público habían interpuesto sendas denuncias previas que recayeron en el Juzgado número 21 de Madrid contra Mérida Velasco y otros posibles implicados en la organización de «cursos bajo la apariencia formal de congresos o actividades amparados por la Ley Orgánica de Universidades» que utilizaban «cadáveres frescos o formolizados o de restos», así como «salas de disección» que cedían a empresas ajenas a la Universidad Complutense, lo que podía significar una utilización de «fondos públicos al servicio de intereses particulares».
La denuncia, sin embargo, fue archivada por el Juzgado 21 meses después al no encontrar pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación. Por este motivo, el Juzgado número 37 ha derivado la reclamación policial al mencionado Juzgado 21, para que sea este último el que determine si es conveniente reabrir o no la causa. «Corresponde al Juzgado 21, que primero conoció los hechos, valorar si existe o no información nueva que dé lugar en su caso a la reapertura de las diligencias» que abrió a raíz de la denuncia de la Fiscalía, que a su vez fue interpuesta tras el escrito presentado por la secretaria general de la Universidad Complutense, Araceli Manjón-Cabeza, por presuntas irregularidades cometidas en el departamento de Anatomía en relación con la utilización de los cadáveres.
En paralelo a estos trámites, el pasado 16 de mayo, el Juzgado 37 de Madrid ordenó sobreseer provisionalmente la causa respecto del ex rector José Carrillo Menéndez, inicialmente imputado en este procedimiento. Su testimonio fue relevante también para que el Juzgado 37 tuviera conocimiento de que la Universidad Complutense había interpuesto una denuncia previa ante la Fiscalía, que luego presentó la que recayó en el Juzgado 21.
