El Anatómico Forense obliga a las funerarias a trabajar en plena calle
Desde el lunes, los familiares de los fallecidos cuyos cuerpos se guardan en el Instituto Anatómico Forense (IAF) tienen que contratar el sepelio con las funerarias en plena calle. La dirección del centro, dependiente de la Consejería de Justicia, ha prohibido a estos trabajadores entrar en el edificio oficial, ni siquiera para tramitar las inhumaciones. De hecho, los vigilantes de seguridad les impiden acceder al inmueble y solo puede entrar el personal autorizado y los que vayan a realizar alguna gestión. En caso contrario, deben esperar en la calle. Allí se firman los entierros, según ha comprobado EL PAÍS.
El Instituto Anatómico Forense se encuentra en un ala trasera de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en plena Ciudad Universitaria. Fue inaugurado a finales de los años setenta. Desde entonces, recibe a los fallecidos a los que hay que practicar autopsias y que murieron en la capital o en un importante número de municipios de la región. Allí se analizan los cuerpos de personas que se han suicidado, han sufrido un accidente, han muerto en soledad, en extrañas circunstancias o que han sido asesinadas. Lo habitual hasta ahora era que las funerarias estacionaran sus vehículos en las proximidades del edificio y que informaran a las familias una vez que habían hecho la reclamación del cuerpo.
Pero todo esto cambió la semana pasada, cuando una orden de la dirección del centro prohibió a las funerarias informar a los familiares de los fallecidos. En la puerta principal, un vigilante impide el paso a cualquier persona que no sea trabajador, proveedor, familiar o amigo de un finado.
Esta a modificación supone que los empleados de las funerarias no puden acceder ni siquiera a los lavabos del instituto ni pedir la documentación que permita inhumar al fallecido. “Nos tratan como a perros. Hemos estado toda la vida dentro del edificio y no hemos molestado a nadie. Al revés, hemos informado a las familias de todo lo que tenían que hacer, porque ni sus propios empleados son capaces de hacerlo”, se quejaba ayer un funerario con 17 años de experiencia en el instituto forense.
La imagen que se podía ver ayer era lamentable. Familias enteras alrededor de un hombre con traje y corbata mientras uno de ellos firmaba, sobre un poyete de los jardines que rodean al edificio, toda la documentación necesaria para trasladar el cuerpo a un tanatorio y enterrarlo hoy. Se daba también la circunstancia de que los familiares tenían que pedir fotocopias del DNI del finado al instituto, cosa que antes hacía la propia compañía contratada. Así, los jardines en torno al edificio se convertían en improvisadas oficinas ante la sorpresa de los alumnos de la Facultad de Medicina que se dirigían a sus clases. “Se trata de un desprecio impresionante no solo a nosotros, sino también a las familias. Lo pasan fatal y encima tienen que ponerse aquí en medio, haga frío, calor, llueva o nieve”, protestaba un empleado de una funeraria privada.
Por su parte, los empleados de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, pese a ser propiedad del Ayuntamiento, reciben el mismo trato y tienen que trabajar fuera. De todas formas, esta compañía ha estacionado una furgoneta de atención al público en la calle para que los clientes puedan contratar con mayor intimidad. La desplazan todos los días desde el tanatorio de la M-30 hasta la Ciudad Universitaria.
Los funerarios se quejan de que dentro del instituto hay espacio más que suficiente, con habitaciones con sofás incluso, para atender dignamente a los allegados de los fallecidos. “Pero no los habilitan, porque no les interesa”, añaden. El problema se agudiza en días como ayer en el que ingresaron 12 fallecidos, solo se tramitó un caso pendiente. “Ahora mandan toda la documentación por fax a los respectivos tanatorios pese a que estamos nosotros aquí, justo en la puerta”, añade otra empleada de una funeraria.
“Centro público”
Un portavoz de la Consejería de Presidencia y Justicia explicó ayer que se ha ampliado el servicio de vigilancia al IAF durante las 24 horas del día, como ya se hace en el resto de sedes judiciales. “Se han seguido los mismos criterios y solo pueden entrar los empleados que trabajen allí y las personas que vayan a hacer una gestión, como familiares o alumnos en prácticas. Es necesario llevar un control de las entradas y salidas”, afirmó este portavoz. Este descartó que se vaya a habilitar un espacio dentro del inmueble para que los funerarios puedan realizar su trabajo. “Es un centro público y en estos no hay sitios para las empresas”, añadió el portavoz.
