Peña acusa al acalde de Ribadumia de dar la espalda a la Iglesia en el convenio del tanatorio
La portavoz del Partido Popular de Ribadumia, (provincia de Pontevedra) y exalcaldesa, Salomé Peña, respondió ayer al grupo de gobierno que para ceder a la Iglesia el terreno que se le había ofrecido a cambio con el del tanatorio habría que desarrollar urbanísticamente el segundo polígono en que se dividió la Carballeira de Barrantes, y culpa al tripartito de no haber hecho ninguna gestión en ese sentido.
El alcalde, David Castro, acusó el pasado fin de semana al anterior grupo de gobierno de haber abocado al Concello a pagar 50.000 euros al Arzobispado de Santiago por no ceder el terreno prometido en la Carballeira de Barrantes. Además, sostenía que dicha cesión ya era imposible cuando se firmó el convenio en 2010, puesto que un año antes se había llegado a un acuerdo con el propietario del suelo en la Carballeira de Barrantes, y éste cedió al municipio los terrenos para zonas verdes, pero no para equipamientos, que son los que había demandado la Iglesia.
Salomé Peña ofreció esta mañana una conferencia de prensa frente a la pousada de Ribadumia, que sigue cerrada y que ya presenta señales de la falta de mantenimiento. Acompañada por otros dos concejales del Partido Popular local, Luis Serantes y María Dolores Esperón, acusó al gobierno local de «manipular la información» y de tergiversar la realidad con el único fin «de ocultar su incapacidad para gestionar nada».
Así, admite que en 2009 se firmó un convenio con Javier Cebrián Sagarriga para el desarrollo urbanístico de la Carballeira, pero que ésta se dividió en dos polígonos debido a la gran extensión de superficie, y que inicialmente solo se actuó en una primera fase. Un año más tarde, se firmaría el convenio con el Arzobispado, en el que se establecía que éste cedía 2.000 metros cuadrados en Ribadumia para construir el tanatorio, y a cambio el Concello le cedía otros 2.000 en Barrantes para que el Arzobispado pudiese construir ahí un templo y una nueva rectoral.
Salomé Peña añade que el acuerdo establecía que la cesión en Barrantes tendría que producirse en un plazo de siete años, y que en caso de no producirse en ese tiempo (que ya se agotó en marzo pasado), el Concello tendría que comprarle a la Iglesia el terreno del tanatorio, para lo que se estableció un precio de 40.000 euros, a los que se añadirían unos 10.000 en concepto de intereses. «No es una indemnización como dice el tripartito, es lo que se acordó en el convenio», resalta la portavoz del PP.
La principal obra
Apunta que en efecto no se podía realizar la cesión con el desarrollo urbanístico de la primera fase de la Carballeira, pero que sí se podía hacer si se desarrollase la segunda. «Incluso estaba previsto cambiar la calificación del suelo de equipamientos educativos y deportivos para religiosos», añadió. El problema es que desde 2009 se agudizó la crisis económica y el consecuente parón de la construcción, con lo que el desarrollo del segundo polígono acabó temporalmente en un cajón.
En cualquier caso, Salomé Peña resalta que «en dos años y medio, el actual alcalde y su grupo de gobierno pudieron hacer alguna gestión con la Iglesia para analizar el estado de convenio, pero no hicieron ninguna». «Y es falso que desconociesen su existencia. En 2010, cuando se firmó, los Independientes ya estaban en la corporación».
Finalmente, aduce que el coste de 40.000 euros del solar tampoco es excesivo atendiendo a la situación del mismo y al servicio que ha prestado. «El tanatorio fue la obra más importante que se hizo durante el mandato pasado, y respondió a una demanda de los vecinos. Además, le reporta unos 30.000 euros de ingresos anuales al Concello, con lo que hay dinero suficiente para asumir el coste de la compra del terreno».
