Comienza el juicio por la caída de un trabajador desde un andamio en el cementerio de Sant Joan (Ibiza)
En la mañana del 31 de enero de 2014, cuando Jorge G.O., trabajador del cementerio de Sant Joan de Labritja (municipio de Ibiza-Islas Baleares) se precipitó desde un andamio de una altura de más de dos metros, golpeándose la espalda y la cabeza contra el suelo.
El herido trabajaba como oficial de mantenimiento para la empresa Pompas Fúnebres, contratada por el Ayuntamiento de Sant Joan para el mantenimiento del cementerio municipal.
Comienza el juicio
El juicio comenzó con la declaración de los dos encargados de la empresa encausados por los hechos, testigos, técnicos de salud laboral y un perito.
Según el escrito de acusación, en el momento del accidente las tareas que estaban realizando la víctima y su compañero «no eran las propias de su puesto de trabajo, sino las propias de los trabajos de construcción». Según apuntaron diversos testimonios durante la vista, los dos operarios estaban colocando baldosas en el suelo y tejas en la estructura de los nichos.
Los letrados de la defensa insistieron en que la víctima y su compañero habían realizado los cursos de albañilería y salud laboral -de 20 horas-, y que la responsabilidad del accidente no se puede achacar a la empresa.
Durante la vista la Fiscalía y la acusación particular advirtieron que el andamio instalado no cumplía con los parámetros establecidos por ley.
La víctima sufrió un traumatismo cráneo-encefálico grave que requirió de una primera intervención quirúrgica de urgencia. Marcos Múñoz, letrado de la acusación particular, apuntó que la víctima sufrió lesiones irreversibles y falleció el pasado abril.
A preguntas de una de las defensas, el perito tildó de «temeraria» la colocación del andamio sin las ruedas frenadas y sobre dos tipos de suelo diferente.
Ante la ausencia por enfermedad de un testigo cualificado, la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, señaló para el día 19 de diciembre la continuación y finalización del juicio.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años de prisión para dos acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores y lesiones por imprudencia grave.
