Adiós a la huerta cementerio de Muxa

Tras casi veinte años de litigio, la parroquia lucense de Muxa de Lugo ya no tiene huerta cementerio. Las dos últimas sepulturas que quedaban en pie en una parcela, que en su día sirvió para cultivar coles y demás variedades hortícolas, y que acabó convirtiéndose en un polémico camposanto que la justicia declaró ilegal por carecer de licencia, fueron derribadas el pasado lunes por una excavadora que envió al lugar el Ayuntamiento de Lugo.

Fin de un capítulo en el que tuvieron que intervenir hasta los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenaron el derribo de unos sesenta nichos. Los propietarios perdieron el dinero que pagaron por la parcela y lo que les costó la construcción que tuvieron que derribar como consecuencia de un largo proceso.

Hace dos años, la práctica totalidad de los dueños de las torres declaradas ilegales procedieron a acatar la sentencia y optaron por derribar a su costa las construcciones. Previamente, quienes tenían restos mortales en los mismos los retiraron. En el lugar aseguran que el último enterramiento efectuado en el polémico camposanto fue en el año 2001.

Tras la primera fase de derribo quedaron en pie cinco sepulturas por diversas razones, básicamente porque no se localizaba a sus propietarios o contenían restos humanos que no fueran retirados. Finalmente, fueron tiradas otras dos, pero quedaron otras tantas en pie, que fueron las que derruyó la pala municipal en la mañana de ayer. Tras este trámite, el palista explanó el terreno próximo a la iglesia.

De una de las construcciones derribadas no se llegó a saber el paradero del propietario. El dueño de la otra prefirió que fuese la pala municipal la que ejecutase el trabajo cuya factura abonará. A principios del año 2015, el Concello de Lugo aprobó el proyecto para la demolición de la parte ilegal del cementerio. El presupuesto fue establecido en 173.000 euros, sin embargo no fue necesario agotar esta partida porque la práctica totalidad de los propietarios prefirieron hacer la retirada a su costa.

Algunos vecinos recordaron ayer aspectos de la historia de este cementerio ilegal. Según contaron, la huerta que sirvió para camposanto es propiedad de una vecina que la ofreció para necrópolis. El cura de por aquel entonces comenzó a vender los títulos para tener derecho a un panteón. «Si no me falla la memoria creo que aquella vez se pagaron cien mil pesetas (600 euros)», recordó una vecina. Ahora, tras pasar toda la polémica, algunos aún se preguntan cómo fue posible que en su momento los compradores no hubiesen exigido una escritura.

El obispado no se libró de las críticas, pero desde el palacio episcopal dijeron que nada tenían que ver con los nichos que se habían construido fuera del propio terreno del camposanto, sin embargo el vecindario supo que los curas firmaron el proyecto de legalización. «Fue para colaborar con la propietaria del terreno a la que, en su momento, le sugerimos que hiciera una cesión del terreno a la diócesis para que se pudieran integrar los nuevos nichos en el cementerio parroquial», indicó una fuente.

El problema es que el cementerio se montó sin llevar a cabo una parcelación de la finca y fue tramitado un simple permiso de sepultura pero, supuestamente, se saltaron otros pasos necesarios para dar legalidad al terreno de enterramientos, que está situado a unos cuarenta metros de una casa y de un pozo que suministra agua para consumo de sus moradores.