La Sindica pide indemnizar por «daños morales» a los afectados por el derrumbe de nichos del cementerio

Assumpció Vilà, Sindica de Greuges de Barcelona, ha pedido indemnizar a los afectados por el derrumbe de un bloque de nichos del Cementerio de Montjuïc de Barcelona por los «daños morales» causados y les ha animado a reclamarlo si el Ayuntamiento de Barcelona no lo hace de oficio.

Assumpció Vilà ha presentado las conclusiones de la actuación de oficio que emprendió a raíz del colapso del bloque 12 de la vía Sant Antoni el cementerio de Monjuïc el 15 de septiembre pasado, que afectó a 144 nichos que acogían los restos de 358 difuntos.

Para la Síndica, los titulares de los derechos funerarios han pagado «una tasa de mantenimientos para que estos hechos no se produzcan» y, con independencia de que la actuación de la administración haya sido negligente o fortuita, el derrumbe es responsabilidad de la empresa municipal Cementiris de Barcelona (CB) y deben ser resarcidos.

Vilà ha señalado que los acuerdos indemnizatorios por los daños morales causados deberían ser individuales y podrían ser compensaciones en la tasa de mantenimiento que pagan, prórrogas en las concesiones funerarias u otras compensaciones económicas.

La Síndica ha manifestado su preocupación por «el precario estado de conservación del recinto del Cementerio de Montjuïc» por falta de actuación preventiva y la falta de mantenimiento en todo el espacio.

Vilà ha aconsejado a Cementiris que revise rigurosamente todas las edificaciones y al ayuntamiento que estudie lo que invierte en mantenimiento para ver si basta con los recursos que proporciona la tasa de conservación o conviene ajustarla.

Para Vilà, la insuficiencia del mantenimiento del Cementerio de Montjuïc «no procede con la obligación que tiene el gestor del recinto, derivada de la imposición de la tasa de conservación», a la vista del estado general de conservación del recinto.

En la rueda de prensa, la síndica también ha criticado la atención y la información que han dado los gestores del recinto a los afectados y que, concluye, denota una falta de diligencia y de transparencia.

Vilà ha lamentado que CB y el ayuntamiento sólo hayan dado un «trato especial a las nueve familias más insistentes», que se han agrupado, contratado a un abogado y a un arquitecto y presentado una queja ante la sindicatura.

La Síndica también ha recomendado al ayuntamiento que dedique todos los recursos necesarios para identificar los restos hasta donde la práctica científica lo permita y se dé cuenta a las familias por si consideran adecuado presenciar el acto de nueva sepultura.

Vilà ha explicado que las dos antropólogas que trabajan en la identificación de los restos encontrados entre los escombros le han indicado que existe la posibilidad de que en algunos casos la identificación no sea posible, bien porque los restos están muy dispersos o dañados o bien por la inexistencia de datos antes de la muerte de los difuntos o de familiares.

En este sentido, la síndica considera imprescindible que la información que se traslade a las personas que puedan verse afectadas sea rigurosa y transparente, y que se les faciliten las herramientas necesarias para que puedan afrontar la situación y no se les cause indefensión.