Ada Colau incumple su promesa y dice adiós a la funeraria pública con entierros a 1.800 euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado a los portavoces de todos los grupos municipales que se desestima debatir en el pleno la aplicación del nuevo plan funerario por falta de apoyos políticos. El partido de Ada Colau, BComú, no presentará el punto del orden del día en el pleno del viernes, 23 de febrero, ello supone decir adiós a la funeraria pública y a los entierros a 1.800 euros.

Una portavoz del ejecutivo municipal ha confirmado que «se anunciará cuando se apruebe el punto definitivamente en el plenario, en relación a las modificaciones normativas, se trataron en la comisión de Presidencia del mes de noviembre de 2016 y se aprobaron inicialmente».

El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, el pasado 31 de enero manifestó en TV3 que “nuestro objetivo era llevar el proyecto de nueva empresa al pleno de febrero».

En el supuesto de que al final se llevará al plenario, y ganasen la votación con el apoyo de quienes hoy son favorable (ERC, PSC y muy posiblemente PDeCAT), el tiempo ha ido corriendo en su contra y pasarían muchos meses antes de que se habilitase la primera sala velatorio municipal y en consecuencia, el precio de 1.800 € por un servicio funerario. Resulta absolutamente imposible hacer realidad ese proyecto, y consolidar una funeraria pública, durante su legislatura.

Además, resulta imprescindibles para iniciar el proyecto, la venta del 15% de las acciones que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en la empresa mixta Serveis Funeraris de Barcelona y que llevaría unos trámites y plazos que supondría muchos meses antes de la firma.

El proceso se iniciaría cuando el gobierno de Colau abrise una subasta y adjudicase el paquete de acciones a un teórico pujador. Si no lo hubiese, se debería declarar desierto el procedimiento de subasta, el siguiente paso, sería forzar a la compañía Mémora a comprar el 15% de títulos, obligada por convenio desde que adquirió la mayoría del capital de la antigua empresa pública (ahora posee el 85% del capital).

El precio de la transacción está fijado en 25 millones de euros, más el correspondiente IPC, que podría suponer unos 31 millones de euros.
Visto lo visto, podemos confirma que el gobierno de Ada Colau no cumplirá su promesa de constituir una funeraria pública para ofrecer sepelios a 1.800 euros.