Declaran ante el juez los ediles que votaron el cierre del crematorio de Sant Joan alegando riesgos sanitarios
Martes 27 y miércoles 28 de febrero declaran en el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante los ediles que en enero de 2015 votaron por el cierre del crematorio en el municipio de Sant Joan d’Alacant, (Alicante) alegando riesgos sanitarios.
El crematorio, cerrado de manera provisional, en base a que su actividad no tenía el preceptivo y previo informe sanitario que establece la ley, como se acordó en aquel pleno, pero la empresa Grupo ASV Servicios Funerarios, ha recurrido varias veces el cierre ante los tribunales.
Es la segunda vez que la Audiencia de Alicante reabre la causa contra estos concejales, a través de una resolución que da la razón a Grupo ASV, personada en la causa como acusación particular. El fallo considera apresurado el sobreseimiento de las actuaciones por parte del juez instructor, y pide investigar si hubo mala fe en los ediles, y si era posible que conocieran si la empresa había adoptado medidas correctoras en el momento en que acordaron clausurar dichas instalaciones.
Eugenio Herrero, portavoz de la Plataforma Anticrematorio defiende que estos concejales actuaron en su día legalmente, puesto que la empresa «no disponía, ni dispone » del informe previo para su apertura. Y añade que la clave de la cuestión es la licencia de apertura que concedió en 2013 el ayuntamiento, entonces en manos del popular Manuel Aracil, sin contar con los informes sanitarios previos y sin permitirlo el Plan General de Ordenación Urbana.
El actual alcalde, el socialista Jaime Albero, se ha mostrado cauto, y asegura que en esta fase de diligencias previas de este martes también se mantienen al margen y que esperarán para actuar a que se dé a conocer tanto ésta como otras resoluciones que siguen pendientes de los tribunales.
En cuanto al futuro del crematorio, Albero mira hacia la Generalitat. Dice que es la Conselleria de Medio Ambiente quien tiene las competencias normativas en este asunto, y que siguen en conversaciones con ésta área y la de Sanidad.
Desde la Plataforma critican lo que califican de «cobardía», e insisten en que el ayuntamiento tiene en su poder las herramientas para no renovar la licencia de apertura, y recuerdan que el cierre definitivo del crematorio fue un compromiso electoral del actual gobierno municipal.
