El entierro de la gestión pública
En unas cuantas semanas, el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) estará a punto de consumar uno de los engaños más descarados de la presente legislatura: la privatización por 50 años y 27 millones de euros de la construcción y gestión del nuevo cementerio municipal.
En julio de 2015, el actual equipo de gobierno tomó una dolorosa decisión, ya que, en contra de su ADN político, acordó iniciar los trámites de dicha privatización debido, en primer lugar, a la urgencia por la falta de nichos en el actual cementerio de Sant Antoni y, por otro lado, porque el coste de construcción del nuevo cementerio se cifró en entre 6 y 8 millones de euros. La urgencia y el coste hacían su gestión pública totalmente inviable en ese momento.
Pero esas circunstancias fueron cambiando. Gracias a la gran gestión de la concejalía de Cementerios, existen a día de hoy más nichos de los necesarios, por lo que si bien sigue siendo urgente la construcción del nuevo cementerio, dicha urgencia se ha relativizado. Por otro lado, el coste de construcción del nuevo cementerio, con todos los servicios necesarios, incluyendo el crematorio, asciende a 2,7 millones, nada que ver con los 6 inicialmente previstos sin crematorio. Además, la economía municipal está saneada, gracias también a la gestión del presente equipo de gobierno, pudiendo afrontar inversiones a corto y medio plazo impensables hace sólo dos años.
Mantener la decisión de privatizar la construcción del nuevo cementerio se apoya en el crematorio y en establecer un periodo de amortización de la inversión de 50 años, según el estudio económico de los pliegos. Es decir, para que la inversión privada sea rentable se articula la mayor privatización de un servicio municipal en toda la reciente historia ibicenca. Ni siquiera Santa Eulària ha ido tan lejos.
Lo más llamativo de esta decisión es que se ha tomado por un supuesto gobierno de izquierdas, que debería defender la gestión pública del interés general por encima de todo. La derecha se empeña en privatizarnos las pensiones, la salud, la educación? Que el actual equipo de gobierno portmanyí defienda la privatización de un servicio de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, al mismo tiempo que defiende la inversión pública de otras actuaciones superfluas (llámese paseo marítimo, por ejemplo) es una aberración política.
En Ibiza, la izquierda defiende posiciones antagónicas según si forma parte del equipo de gobierno (privatizar en Sant Antoni) o se encuentra en la oposición (defensa de la gestión pública en Santa Eulària). Cada vez que en Sant Antoni se mencionan las palabras ‘nuevo cementerio’ y ‘gestión privada’, las carcajadas de la derecha se oyen desde Vila sin que nadie de la izquierda levante la vista.
