Todos los ediles del Ayuntamiento de Sant Joan se reafirman ante el juez por el cierre del crematorio
Los dos ediles del PP, Víctor García, edil popular en la actualidad y Charo Tomás ya no ejerce como tal, han declarado ante el juez como investigados en la causa abierta por el cierre cautelar del crematorio de Sant Joan d’Alacant (provincia de Alicante).
Ambos se ratificaron ante el juez en las razones que les llevaron a votar en un pleno celebrado en enero de 2015 el cierre cautelar del crematorio y su declaración fue la misma que ya hicieron a principios de marzo otros concejales populares, los de Compromís, e EU.
Ya han sido interrogados todos los ediles en calidad de investigados (término que sustituye al de imputados) en el Juzgado de Instrucción 8 de Alicante, a raíz de la querella que interpuso contra ellos la empresa propietaria del crematorio, ASV Funeser SLU.
Los hechos se remontan al 16 de enero de 2015, cuando el pleno del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó suspender cautelarmente la actividad que desarrollaba ASV Funeser , en las instalaciones de la avenida Miguel Hernández del municipio.
El pleno justificó su decisión en un informe de la Dirección General de Salud Pública de noviembre de 2014 que apreciaba riesgo de contraer cáncer para los residentes de la zona del crematorio y emplazaba a la empresa a adoptar ocho medidas correctoras para seguir con la actividad.
ASV se querelló contra el entonces alcalde y otros doce concejales asistentes a ese pleno (nueve del equipo de gobierno del PP, dos de Compromís y otro de Esquerra Unida, EU), en el que los socialistas se ausentaron.
La empresa entiende que incurrieron en un delito de prevaricación por tomar una decisión para la que carecían de competencias y pese a ser conscientes de que se habían adoptado otras medidas correctoras a instancias de la Dirección de Calidad Ambiental de la Generalitat.
El juez Ángel Villanueva archivó en dos ocasiones la querella al no apreciar indicios de infracción penal en la actuación de los regidores, aunque la Audiencia de Alicante ordenó reabrir el caso y practicar nuevas diligencias.
La última de estas resoluciones fue emitida el pasado mes de enero, tras la estimación de un recurso de apelación de ASV Funeser, y ha llevado al magistrado instructor a citar como investigados a los regidores que acordaron el cierre cautelar de la instalación la pasada legislatura.
Tras las declaraciones de ediles y técnicos, el juez decidirá si la querella sigue su curso o si por el contrario, considera que no ha habido prevaricación por parte de los concejales cuando aprobaron la suspensión cautelar de la actividad del crematorio.
