Los contratos irregulares de Emucesa supusieron un perjuicio económico cifrado en 336.000 euros
La empresa del Cementerio durante la etapa del PP en el Ayuntamiento de Granada produjeron «un perjuicio real y objetivo en el patrimonio público» cifrado en 335.695,25 euros que fueron «indebidamente abonados», así como «indebidamente percibidos» e «indebidamente salieron» de las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Granada se personará en el caso Emucesa, en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, así lo ha acordado, por unanimidad, el pleno municipal reunido la pasada semana con carácter extraordinario. El propio PP ha votado a favor de esa personación, aunque en la sesión ha criticado la convocatoria de urgencia, que ha rechazado.
El informe, con fecha del pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso El Mundo, responde a la existencia de contratos de alta dirección que firmaron los concejales del PP Eduardo Moral y María Francés, sucesivamente consejeros delegados de Emucesa, gestora del cementerio, a personas afines a este partido que no comparecieron -salvo en uno de los casos- en sus puestos de trabajo entre 2003 y 2011, año en el que la empresa que hasta entonces había sido de capital íntegramente municipal pasó a ser participada por un socio privado.
Los hechos descritos en el informe dan cuenta de una conducta gravemente irregular por parte de los dos concejales, al concertar individualmente, al menos con cinco personas, unos contratos laborales de alta dirección, en la práctica, inexistentes para Emucesa, en la medida en que no ha quedado acreditado en forma alguna ni reflejado en los registros oficiales de la empresa ni la presencia laboral de los contratados en su puesto de trabajo ni ninguna prestación de servicios o actividad laboral de ninguna naturaleza.
No existe ningún signo ni elemento fáctico ni jurídico por el que se pueda reconocer la condición de trabajador por cuenta de Emucesa en los cinco contratados, por lo que se trataría de una simulación de contrato que pretendería reflejar como real una prestación de servicios de la empresa a cambio de una retribución, en resumen, una apariencia o ficción con fines ajenos a los intereses públicos que gestiona Emucesa.
