La trabajadora de Cementerio Jardín, condenada a tres años de prisión por malversación recurre al Supremo
La extrabajadora de la sociedad Cementerio Jardín condenada a tres años de cárcel por malversación ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia provincial, que el pasado mes de enero le impuso además de la pena de prisión, siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público y la obligación de indemnizar a la sociedad, participada por el Ayuntamiento de Santander (51%), en los 14.559 euros que se apropió en 2011.
Una cantidad por la que el Tribunal de Cuentas ya condenó a la acusada en una sentencia de su sección de enjuiciamiento de 2014, obligándola a devolver la suma con intereses.
La recurrente fue empleada de la sociedad de 1991 a 2012 y era la responsable de caja, realizando los cobros a los clientes, a quienes emitía las facturas, y elaborando el libro diario de la caja. El dinero que cobraba a los clientes debía depositarlo en una caja de caudales que se encontraba en la oficina y después se lo tenía que entregar en persona al gerente de Cementerio Jardín.
La sentencia de la Audiencia señala que, en 2011, la trabajadora procedió a efectuar múltiples cobros a clientes y a hacer suyas parte de las cantidades de dinero que éstos abonaban, sin llegar a ingresarlas en la caja de la sociedad.
Además añade que, con la finalidad de que no se descubrieran sus actuaciones, en «numerosas ocasiones» dejó de anotar en la hojas del diario de caja facturas por cobros a clientes, «tratando así de disimular el saldo que tendría que haber ingresado en la caja».
La sala indica asimismo que la acusada no realizaba arqueos de caja que permitieran comprobar que las cantidades ingresadas diariamente se correspondían realmente con las facturas emitidas y, al elaborar el libro diario de caja, no consignaba el saldo inicial y final anterior de cada hoja, con lo que «dificultaba sobremanera el control de su actividad contable».
Añade que, finalmente, en noviembre de 2011 se nombró una nueva directora-gerente de la sociedad que «comprobó de manera exhaustiva la contabilidad, descubriendo los descuadres entre las cantidades realmente facturadas a clientes y el saldo que había en caja, así como la omisión de facturas y saldos finales e iniciales en el libro diario que elaboraba la acusada».
