«No me opongo al tanatorio, sino a que el Ayuntamiento lo haga con prebendas»

Quien piense que entrevistar a un catedrático de Derecho Administrativo es aburrido debería tener la oportunidad de conocer a Manuel Rebollo Puig (Córdoba, 1957). Investigador responsable de un grupo de excelencia y de numerosos proyectos de investigación en la Universidad de Córdoba, ha publicado trabajos sobre la potestad sancionadora, el régimen local o el enriquecimiento injusto de la administración pública. A su departamento han acudido en los últimos meses las salas de barrio o los tanatorios para defender su postura frente a la del Ayuntamiento.

-Ofreció una salida a los clubs que gestionan las salas de barrio, que están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas.
-Sí, el problema tenía una solución ajustada a la realidad de los hechos, adecuada a los intereses municipales y justa para los concesionarios. Por la que ha optado el Ayuntamiento probablemente consiga dar salida a la situación pero sin garantizar adecuadamente los derechos de los concesionarios, porque parece que les impide cobrar lo que venían cobrando por considerar que el servicio era deficitario. Ni siquiera en el periodo transitorio están recibiendo la contraprestación. Han optado por buscar unas compensaciones extrañas, que ni reflejan la realidad (pagar un servicio), ni creo que satisfagan a todos.

-El Tribunal de Cuentas investiga que se han dado subvenciones sin publicidad. ¿Usted qué cree?
-Pese a que la Cámara de Cuentas dijo eso, lo dijo porque en su momento no tuvo información completa de todos los hechos. La Cámara de Cuentas y luego el Tribunal tuvieron noticias de que en unos contratos donde no se decía nada, de pronto el Ayuntamiento estaba dando un dinero anual. Y eso no es verdad, porque en las ofertas que hicieron los clubs sí se hablaba de una cantidad en contraprestación.

La mesa de contratación valoró esa cantidad y el contrato resultó de la mezcla entre la oferta del Ayuntamiento y la del contratista, que luego fue adjudicatario. Hasta podía haber sido legal porque no es extraño que un concesionario reciba, aparte de las tarifas, un dinero del Ayuntamiento. En Córdoba no tanto, porque hay muchas empresas municipales, pero en otras muchas ciudades, por ejemplo, la empresa de autobuses no es municipal sino concesionaria y recibe una cantidad por parte del Ayuntamiento porque se sabe que son servicios deficitarios. No eran subvenciones dadas sin concurso como ha entendido el Tribunal de Cuentas, era el pago del precio del servicio. Espero que el Tribunal de Cuentas comprenda que la situación no era la que le presentó la Cámara de Cuentas.

-¿Cuál hubiera sido la solución más fácil?
-Suponiendo que el Ayuntamiento hubiera concluido que el contrato era nulo, la solución hubiera sido anular el contrato. Mientras tanto las salas hubieran seguido funcionando y, hasta que no se buscase un nuevo contratista, continuaría el contrato en sus mismas condiciones. Era una buena solución para el Ayuntamiento y para explicarse en el Tribunal de Cuentas. Con esa solución no pretendíamos contradecir la opinión de los letrados municipales, sino completarla y aportar nuestro granito de arena para encontrar una salida buena para el Ayuntamiento que también fuese buena para los concesionarios.

-También le ha pedido asesoramiento Córdoba Ecuestre. ¿Cree que la cesión directa de Caballerizas a esta entidad es posible?
-Estamos tratando de explicar, mi compañero Antonio Bueno y yo, que, cuando sea titular el Ayuntamiento y si quiere, puede adjudicar Caballerizas Reales directamente a Córdoba Ecuestre sin concurso. Está previsto en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que eso se puede hacer en favor de entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública. Córdoba Ecuestre está declarada de utilidad pública. Se puede hacer tanto con bienes demaniales, de dominio público, como con bienes del patrimonio municipal del suelo. Además, a esto se suma que en Córdoba Ecuestre están representados el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad y debía de estar el Ministerio de Defensa. Y punto y aparte, esto no es jurídico sino político, no sé de quién fue la idea en su momento de ceder Caballerizas a Córdoba Ecuestre, pero fue una idea magnífica, porque ¿a qué se debe destinar ese edificio? A darle sentido a lo que es Caballerizas y a que mantenga la tradición de Córdoba con los caballos. Se quiso dedicar a protocolo o cederlo a asociaciones de vecinos. No digo que eso esté mal, pero es ideal que Córdoba Ecuestre o quien sea lo dedique a eso. Y eso gestionado directamente por el Ayuntamiento sería absurdo.

-Pues es lo que ha pedido un grupo municipal, Ganemos.
-No creo que ésa sea la misión del Ayuntamiento. Solo digo que es perfectamente lícito que se hiciera sin concurso.

-Quizá el hecho de haber estado tanto tiempo en precario juegue en contra de Córdoba Ecuestre, aunque efectivamente todo este tiempo le haya servido para vertebrar un espectáculo exclusivo.
-En precario hay muchas otras infraestructuras en la ciudad, por ejemplo es estadio del Córdoba CF.

-¿Qué problemas puede acarrear esa situación para los intereses municipales?
-Como soy del Córdoba CF no quiero decir nada que le perjudique, pero alguna vez habrá que afrontar esta situación que no sólo se da aquí sino en otras muchas ciudades en que los estadios municipales son disfrutados por sociedades anónimas deportivas sin título y sin contraprestación. Como verá, en todas nuestras intervenciones no vamos contra el Ayuntamiento, sino que más bien hemos pretendido conjugar los intereses municipales con los de los particulares. Y, de hecho, en otros casos nuestro departamento ha trabajado por encargo del Ayuntamiento. Por ejemplo, hace poco hemos entregado un borrador de ordenanza sobre declaraciones responsables.

-¿Y qué actualización propone?
-Me lo he pasado en grande elaborándola junto a Manuel Izquierdo. Esta ordenanza busca la simplificación máxima, no solo extender la declaración responsable solo a lo imprescindible, sino dejar otras muchas cosas para las que ni siquiera haga falta la declaración responsable porque se trate de actividades absolutamente inocuas. Se trata de hacer la declaración presentando la mínima documentación posible, y al mismo tiempo dando muchos poderes al Ayuntamiento para que, si alguien lo ha hecho mal o se está realizando una actividad de manera irregular, pueda reaccionar fácilmente, cerrar y tomar medidas.

-¿Puede Cecosam abrir un nuevo tanatorio?
-No hay una oposición radical a que un ayuntamiento tenga un tanatorio. ¡Como si quiere tener un hotel! De hecho, el de Córdoba ya tiene un tanatorio, lo que pasa es que hasta ahora no le hacía daño a la competencia. La administración puede tener actividades empresariales. A lo que nos oponemos es a que realice actividades empresariales en competencia con otros particulares con privilegios de todo tipo. Eso es lo que prohíbe el derecho europeo y español.

-¿A qué privilegios se refiere?
-Por lo pronto, a utilizar no sé cuántos metros cuadrados gratis. Imagínese que usted tiene un hotel de tres estrellas en Montoro y el Ayuntamiento decide poner otro hotel con el terreno gratis y contando con sus trabajadores municipales. A usted le sale la habitación a 60 euros y ellos la ponen a 50 euros y ganan dinero porque están financiando el hotel con impuestos públicos. Eso es lo que viola el derecho de la competencia.

El Ayuntamiento, entre otras cosas, estaría obligado a llevar contabilidades separadas para los cementerios y el tanatorio, y habría que separar los trabajadores destinados a cementerios de los del tanatorio. Tampoco es correcto que el suelo del cementerio se le ceda gratis a una empresa que realizará una actividad empresarial sin concurso. Todo eso y muchos más son privilegios sobre los que la competencia no puede luchar. En mi escrito no nos oponíamos en esencia a que el Ayuntamiento tuviese una actividad liberalizada, nos oponemos a que lo haga con todo tipo de prebendas y privilegios.

-Pero es una actividad que ya hace Cecosam en el tanatorio de la Fuensanta.
-Lo hace, pero es ilegal, lo que ocurre es que hasta ahora nadie se oponía porque no hacía daño.

-Entiendo entonces que recomienda a Tanatorios Córdoba que acuda a los tribunales.
-Estoy seguro de que lo hará. No le quedará más remedio.

-Hablemos de Universidad, ¿qué le parece lo ocurrido en la Rey Juan Carlos I?
-Sin querer magnificar, el asunto es bastante turbio y triste. Me da la impresión de que el mal, mal, no está en Cifuentes, si no en los organizadores del máster.

-¿Qué solución tiene esto en el ámbito universitario?
-Por lo pronto, si es verdad que no se ha realizado, habrá que anular el título de máster otorgado.

-No sirve que ella renuncie al máster.
-No, claro, ella podrá renunciar a ponerlo en su currículum, pero lo que hay es que anularlo si se comprueba que no hizo el trabajo fin de máster o los exámenes.

-Una duda, ¿piensa como profesor que los jóvenes de ahora son tan malos como algunos dicen?
-No, le diré algo que le interesa mucho a la prensa. Los alumnos son buenos, respetuosos, dispuestos a trabajar. Su gran problema es que no leen periódicos. Les trato de poner un ejemplo de algo, pero como no conocen nada de la actualidad es muy difícil. Si diese clases de biología no pasaría nada, pero como doy clases de derecho necesito tener referencias. Todo les suena a chino, salvo que les ponga ejemplos del botellón. Por eso les digo lean periódicos y a ser posible prensa local, que es la importante para el derecho administrativo.

-Los políticos locales se quejan habitualmente de las restricciones que el actual marco normativo hace a la autonomía municipal. ¿Son justas esas quejas desde el punto de vista del derecho?
-Depende, la autonomía local está bien para unas cosas y mal para otras. Siempre la he defendido, pero no hay que defenderla como un bien absoluto. Yo le pregunto: ¿para poner disciplina urbanística es bueno que lo haga una autoridad cercana o más bien lejana?

-Lejana.
-Claro, el cercano no se atreve. Tiene lógica que ciertas competencias no sean municipales, porque incluso es inconveniente para los intereses del Ayuntamiento. En Francia se hizo una encuesta a los alcaldes sobre si querían menos controles estatales y dijeron que no, porque les liberaban de las presiones de los poderosos locales. Como en todo, es un problema de dosis. No hay que tener fórmulas tan simplonas como autonomía local buena; restricción, mala.

-Pero, ¿las recientes reformas son buenas o malas?
-Es variable. En los casos en los que simplemente se ha pretendido que los ayuntamientos tengan, si quiera sea, mayor conciencia del gasto para mayor eficiencia, en sí no es malo. En la norma de la racionalización del sistema local se incluía, pero no se ha hecho, que los ayuntamientos hicieran un estudio de los costes de los servicios municipales para poder compararlos. ¿Cree que hay un control de si se gasta bien? Eso no es limitar la autonomía, simplemente es: piense bien cómo utilizan la autonomía.

-¿Entiende las quejas sobre la nueva ley de contrataciones, que burocratiza y ralentiza aún más el procedimiento?
-Ese es otro tema. Las leyes de contratos son todas cada vez más complicadas. ¿Por qué? Es la lucha contra la corrupción.

-La penitencia después del pecado.
-Claro, como se sabe que en los contratos es donde más probabilidades hay de corrupción, pues venga medidas preventivas. Soy enemigo de tantas medidas preventivas contra la corrupción porque acaban siendo paralizantes. Para asfaltar una calle se tiran tres años.

-Efectivamente, así están los ayuntamientos.
-Preferiría menos medidas preventivas y, aunque suene mal, más medidas represivas. O sea, decir: esto se contrata con cierta normalidad, pero al que coja haciendo las cosas mal se va a enterar. Los modificados de obras, que es lo más habitual hasta en el ámbito privado, en lo público no hay quien modifique nada porque vaya a parecer corrupción. Todo es complicado. Pero eso no es una restricción a la autonomía local porque afecta a todas las administraciones, incluida la universidad. Es un mayor rigor siempre con ánimo preventivo del mal gasto, pero las medidas preventivas excesivas acaban siendo gravosas y paralizantes.

-Al principio dijo que en Córdoba había muchas empresas públicas, ¿demasiadas?
-En Córdoba se ha optado de siempre por la gestión directa, incluso en servicios que en muchas cosas se hace con gestión indirecta en otros sitios, como el servicio de autobuses, aguas o basura. Es una opción que no veo mala y es, en cualquier caso, una apuesta política que tiene poca marcha atrás. Lo importante es que sea cual sea el tipo de gestión esté bien gestionado y controlado el concesionario. Ahora hay muchos estudios económicos que, frente a la postura tradicional de que eran más eficientes los concesionarios privados, están demostrando que en muchos sitios son más eficientes las empresas públicas.

-¿Tiene sentido que el Ayuntamiento pelee por la titularidad de la Mezquita-Catedral?
-En mi opinión, ninguno, pero, si lo tuviese, lo tiene bien fácil: poner un pleito reivindicando la titularidad. Es más, no sólo el Ayuntamiento lo puede poner, sino cualquier ciudadano, después de requerir a su ayuntamiento para que reivindique un bien, si no lo hace, lo puede hacer él mismo y luego cobrarle todas las costas al Ayuntamiento.

Lo que tienen las administraciones públicas es cierto poder sobre todo bien de interés cultural sea de la Iglesia o del marqués de Floridablanca. La titularidad, francamente, no tiene razón de ser, cosa distinta es la ley de dudosa constitucionalidad que permitió a la Iglesia inscribir los bienes. Ahora bien, que una inscripción registral sea irregular no pone en cuestión la propiedad, que en este caso es clara. Pero, insisto, si alguien piensa que la propiedad corresponde al Ayuntamiento, lo que puede y debe hacer es poner un pleito. Si no lo ponen es porque son conscientes de que sería un pleito absurdo que el Ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad de ganar. Las reivindicaciones que se hacen en declaraciones política son expresión de pura demagogia.