Los Institutos de Medicina Legal de Andalucía atendieron en 2017 a 69.942 personas
Los Institutos andaluces de Medicina Legal y Ciencias Forenses examinaron a 69.942 personas a petición de los juzgados y tribunales durante el año 2017 para valorar y determinar el daño corporal producido, según un comunicado de la Consejería de Justicia e Interior, de la que dependen estos organismos.
La mayoría de las periciales solicitadas por los órganos judiciales, 35.663, se realizaron por lesiones, mientras que 18.354 correspondían a informes psiquiátricos, 580 a agresiones sexuales y 190 a situaciones de mala praxis. Respecto a las personas valoradas, destaca la cifra de víctimas de agresiones, 27.815, seguida de las de accidentes de tráfico, 4.036, y la de accidentes laborales, 1.198.
Los servicios de patología forense de estos institutos llevaron a cabo 4.216 autopsias, de las cuales 1.684 fueron muertes violentas y 2.532 por causas naturales. Además, los profesionales del servicio realizaron cuatro exhumaciones y enviaron muestras de 2.983 autopsias al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Andalucía cuenta con ocho Institutos de Medicina Legal, uno en cada provincia, en los que prestan servicio un total de 189 médicos y 68 funcionarios, a los que ahora se suman los 35 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales de los equipos psicosociales que se han integrado en su estructura recientemente tras la modificación del decreto regulador de estos organismos.
El Instituto de Medicina Legal es un organismo donde los profesionales de la medicina forense realizan su trabajo de una manera especializada y organizada, para lo que disponen de un servicio de Clínica Forense donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los juzgados en la esfera civil, penal y social.
Todos los institutos cuentan con un servicio de Patología Forense, en el que se investigan las causas y circunstancias de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal. Los equipos psicosociales se encargan de forma autónoma de los informes periciales en materia de familia que solicitan los órganos judiciales.