Ada Colau prevé que se pueden duplicar los sepelios bonificados y gratuitos de 300 a 600

El Ayuntamiento de Barcelona regulará finalmente el acceso a los funerales gratuitos y bonificados gracias al acuerdo conseguido con las empresas Mémora y Àltima. Con este frente común, el Consistorio confía que se duplique el número de personas que puedan acceder a este tipo de sepelios en Barcelona. En la actualidad se atienden unos 300 servicios de beneficencia anuales y ahora podrían superar los 600.

Con la aprobación del decreto en cumplimiento del Ordenanza de Servicios Funerarios se estipularán todas las condiciones porque los ciudadanos con menos recursos puedan acceder a entierros de beneficencia. Hasta hoy, las ordenanzas solamente daban vía libre a las funerarias a llevar a cabo estos servicios a precio reducido si lo autorizaba previamente Servicios Sociales. El decreto entrará en vigor a lo largo de las semanas próximas.

El Indicador de Renta Suficiente de Cataluña (IRSC), fijado en 2017 en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales, funcionará como baremo para poder optar a uno de estos servicios gratuitos o bonificados, junto a un informe de Servicios Sociales que acredite que el beneficiario no dispone de recursos suficientes para hacer frente al entierro.

Las personas con IRSC igual o inferior a 0,66 tendrán acceso a asesoramiento sobre los servicios mínimos incluidos, recogida del difunto, féretro, adecuación del cadáver y traslado al cementerio o crematorio en caso de que este se sitúe dentro de la ciudad de Barcelona. Los ciudadanos con un IRSC igual o inferior a 1 tendrán derecho a una bonificación del 20% del servicio (360 euros) y podrán contratar servicios adicionales hasta un máximo de 2.500 euros.

300 beneficiados en 2017
Más de 300 familias han tenido acceso a servicios funerarios gratuitoso bonificados durante el último año, según datos facilitadas por el mismo SFB. En 2017, un 87% de los usuarios encuestados puntuaron el servicio con un 8 o más sobre 10.

2.500 familias podrían optar
El Consistorio calcula que en la ciudad de Barcelona hay unas 2.500 familias que cumplen las condiciones para poder acogerse al decreto. El ejecutivo de Colau ha escogido esta vía ante la imposibilidad de poder sacar adelante su proyecto de una funeraria pública por la falta de consenso político.