Un ayuntamiento de la CUP protege un monopolio funerario
Un ayuntamiento de la CUP blinda un monopolio funerario. Maties Serracant, primer edil de la Crida per Sabadell (Barcelona), ha blindado el negocio de Funerària Torra, que controla casi el 100% de los servicios funerarios en esta ciudad. Cabe destacar que la firma está investigada en el marco del caso Mercurio por una presunta adjudicación irregular del cementerio municipal.
El último capítulo de la coincidencia, buscada o no, de intereses entre los anticapitalistas y la enseña que comandan Xavier Pons Torra y Alfons Izard Rodríguez tuvo lugar en el último pleno municipal. El equipo de gobierno de La Crida, ERC, Unitat y Guanyem aprobó una moratoria de un año para las licencias de nuevos tanatorios en la ciudad. La decisión siguió a la voluntad de otro operador, Mémora Servicios Funerarios, de introducir competencia en la actividad funeraria en la ciudad, que controla Torra con mano de hierro al explotar el tanatorio municipal mediante concesión, así como el cementerio, que ganó mediante la empresa pantalla Constresnius SL
Permisos en marcha
Cabe recordar que el nuevo equipamiento que iba a romper el monopolio de Funerària Torra en Sabadell se proyectó en una nave industrial en la Rambla d’Ibèria del municipio. Ocuparía el espacio, que goza de protección patrimonial. En un principio, el Ejecutivo local del entonces alcalde, Juli Fernàndez (ERC), dio el visto bueno a la instalación, aunque matizó que ésta no podría hacer funciones de cremación, limitando así su configuración a un espacio de vela.
En mitad de un relevo en la alcaldía de la ciudad –Fernàndez cedió la vara de alcalde a Serracant en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre ambos–, el ayuntamiento de este municipio barcelonés también dio la luz verde al anteproyecto urbanístico y al certificado de compatibilidad. Antes, los servicios municipales también habían avalado que la nave elegida podría albergar la actividad de servicios funerarios después de que su último inquilino abandonara la actividad industrial. Exigió, eso sí, modificaciones menores en cuestiones relativas a movilidad y estructura del edificio
La CUP cambia de parecer
En algún momento a finales de 2017 y principios de 2018, la CUP cambió de parecer. No habría tanatorio en la Rambla d’Ibèria de Sabadell, dejando así a Funerària Torra como único operador en la ciudad. Se filtró el proyecto a la prensa local y se movilizó a un reducido grupo de vecinos contrarios al tanatorio. La asociación vecinal local, no obstante, sí apoyaba la nueva instalación pese a ser cercana a La Crida, partido que tiene la vara de mando del Ayuntamiento de Sabadell, según fuentes consultadas por este medio.
Los radicales no ofrecieron diálogo alguno al nuevo operador ni otro terreno, han agregado las mismas voces: exigieron un cambio de usos que anteriormente no habían pedido durante la tramitación del expediente. En paralelo, invitaron a la nueva empresa a pleitear en la jurisdicción contenciosa, algo que demoraría durante años la construcción de la obra. Finalmente y de forma sorpresiva, aprobaron una moratoria de un año para nuevos equipamientos de servicios funerarios en la ciudad durante un año con el pretexto de «estudiar el mercado». Ello deja blindado el sector para Funerària Torra.
Salpicada por el ‘caso Mercurio’
Cabe recordar que, voluntariamente o no, la CUP ha blindado el monopolio funerario en Sabadell para beneficiar a una empresa salpicada por el caso Mercurio, una macrocausa de 31 piezas que estudia corrupción en las legislaturas anteriores a la actual. El vínculo se remonta a 2010, cuando Funerària Torra se adjudicó la concesión administrativa del cementerio municipal y la ampliación del mismo (con 3.500 nichos) con, presuntamente, sobornos a Jorge Soriano, exconcejal del PP en la localidad.
La operación ha acabado con la imputación por supuesto soborno, falsedad documental y estafa de Xavier Pons Torra y Alfons Izard Rodríguez quien, según el Registro Mercantil, dirigen la empresa local de servicios funerarios. Ambos fueron detenidos en 2012. Por su parte, Soriano ha declarado en calidad de investigado, la nueva condición de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) por tráfico de influencias, cohecho y denuncia falsa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, que instruye el macrosumario.
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