Sindicatos critican al director del Instituto de Medicina Legal de Tenerife por su gestión «caudillista y arbitraria»

Los sindicatos representados en la mesa sectorial de justicia afirmaron el pasado jueves 12 que el «modus operandi» del director del Instituto de Medicina Legal en Tenerife hace imposible que continúe en su cargo, pues en su opinión la gestión es «caudillista», arbitraria y con irregularidades.

Miembros de los sindicatos CSIF, CCOO, Intersindical Canaria, Co.Bas y STAJ comparecieron en rueda de prensa junto al jefe del Servicio de Clínica del Instituto, Carlos Gradillas, para reclamar a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias que convoque con urgencia la mesa sectorial para tratar esta cuestión y adoptar los acuerdos necesarios.

Mario Sicilia, del sindicato CSIF, indicó que los hechos que critican las fuerzas sindicales han sido puestos en conocimiento de la citada Dirección General pero ésta, afirmó, se ha limitado a convocar reuniones informales, mientras que Dulce María Paz, de CCOO, manifestó que este organismo público considera que la dirección del Instituto de Medicina Legal ve las cosas «de otra manera».

Los sindicatos señalan que el director general de Relaciones con la Justicia, Cesáreo Rodríguez, ha tenido desde su toma de posesión «cumplida información» de las quejas y reclamaciones presentadas tanto por las organizaciones sindicales como por parte de los médicos forenses, sin que se haya «enfrentado» a este asunto.

Entre otras cuestiones, las fuerzas sindicales critican la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte del director del Instituto de Medicina Legal de Tenerife, Jesús María Vega, como en lo referente a la modificación de la relación de puestos de trabajo, turnos de guardias y presuntas represalias y situaciones de supuesto acoso laboral.

Añaden que se encuentra pendiente la convocatoria de la mesa de regulación de médicos forenses, prevista para marzo de 2016, lo que perjudica el normal funcionamiento del Instituto y a los forenses que prestan allí su servicio.

También reprochan que la Viceconsejería de Justicia del Gobierno regional nunca haya remitido un informe que se había comprometido a elaborar respecto a la reordenación de los nombramientos de los médicos forenses adscritos al Instituto, lo que se ha efectuado este año con la resolución de un concurso de méritos

Asimismo las fuerzas sindicales aseguran que hay arbitrariedad en la cobertura de las guardias provinciales que, agregan, cubren regularmente tres facultativos sin que el resto pueda acceder a dicho servicio.

Al respecto, indican que la médico forense titular en Santa Cruz de La Palma se encuentra en situación de incapacidad temporal desde abril y hasta la fecha no se ha designado a un forense de refuerzo, cargo que existe desde el 1 de agosto de 2014.

De igual forma, explicó Carlos Gradillas, los juzgados de Santa Cruz de Tenerife llevan diez meses con cuatro forenses que hacen el trabajo de cinco, en Arona hay tres cuando debería haber otro más para la correcta prestación del servicio y, añadió, nunca se ha designado al forense de refuerzo para asumir esta carga de trabajo.

David Ortuño, de Intersindical Canaria, manifestó que desde 2015 está pendiente la planificación de la salud laboral en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife, lo que obligaría a evaluar los riesgos psicosociales, y apuntó que la Dirección General de Relaciones con la Justicia tiene conocimiento de que se podría estar atentando gravemente al derecho a la salud de un forense que ha pedido adaptar su puesto de trabajo tras una baja.

Por el sindicato Co.Bas su representante Ángeles Machado subrayó que en las islas de La Gomera y El Hierro hay un único forense que están obligados a hacer guardias continuas durante todo el año, lo que incumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

«Ante este cúmulo de decisiones arbitrarias la única respuesta es el silencio de la administración, incluso ante cuestiones tan graves como el acoso laboral, en una política del avestruz que lo único que hará es que la situación se prolongue en el tiempo con el deterioro del servicio» que ofrece el Instituto de Medicina Legal, proclamó Carlos Gradillas.