Ponferrada costea una media de dos entierros de beneficencia al año
No todo el mundo puede afrontar los gastos de un entierro. Por ello, cuando alguien sin recursos o perteneciente a una familia sin ellos fallece, es el Ayuntamiento de Ponferrada el que se hace cargo del sepelio, previo informe de los servicios sociales municipales. Lo que la Concejalía de Bienestar Social cubre son los gastos mínimos.
No hay grandes fastos, ni flores, ni música, ni esquelas en los medios de comunicación; el funeral se reduce a la mínima expresión, pero es una obligación de la administración local, según establece el artículo 9 del Reglamento de Policía Mortuoria, que data de 1974. En Ponferrada, se registran una media de dos servicios funerarios de beneficencia al año. Han sido 22 en la última década, según los datos facilitados por Bienestar Social.
A diferencia de las grandes ciudades, como Barcelona o Zaragoza, donde el número de entierros de beneficencia se han incrementado notablemente como consecuencia de la crisis —hasta el doble en el primer caso—, en la capital berciana la cifra se ha mantenido más o menos estable, incluso a la baja. Así, si en 2015, 2016 y 2017 fueron tres los sepelios de este tipo, en lo que va de año se ha registrado un único caso.
«Cuando se produce un fallecimiento y o bien nadie se hace cargo del cadáver o bien la familia no dispone de recursos para hacer frente a los gastos de sepelio, son los servicios sociales municipales los que afrontan el gasto, explicaron fuentes del área de Bienestar Social. Lo que cubre es lo imprescindible: un ataúd y el nicho en el cementerio, además de dejar de percibir lo correspondiente a las tasas administrativas que se abonan en cada entierro, tal y como viene recogido en la ordenanza reguladora de la tasa del cementerio, que establece que «estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, siempre que la conducción se verifique y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos». El mismo artículo incluye entre las exenciones «los enterramientos de los cadáveres de pobres de solemnidad».
El resto de gastos que puedan derivarse de un fallecimiento, como por ejemplo el servicio religioso y el transporte corren por cuenta, en este caso, del cura y de la empresa funeraria, con la que se establecen convenios para cubrir los sepelios de beneficencia. «Estamos hablando de un servicio muy básico, con gastos reducidos que no alcanzan los 400 euros», explicaron fuentes del tanatorio La Encina de Ponferrada. Una cifra muy alejada de los 2.500 o 3.000 euros que viene costando un entierro normal. La cantidad, lógicamente, puede incrementarse considerablemente en función de los servicios que la familia quiera contratar.
Que en los tiempos que corren y teniendo en cuenta la situación económica crítica que sufren algunas familias, los entierros por beneficencia no se hayan incrementado en mayor medida también está ligado a los seguros de decesos que la gran mayoría de las familias tiene contratados. Se trata de una generación que ha abonado, casi como una tradición, un seguro funerario y esto —según recoge un informe de Mapfre— «ofrece la tranquilidad de que será la compañía de seguros la que se hará cargo de todo el papeleo, además del coste económico de un entierro».
En caso de que el fallecido no tenga recursos económicos y ni familia que pueda hacerse cargo de su entierro, es el hospital o el juzgado el que pone el caso en conocimiento de la empresa funeraria, que posteriormente lo comunica al Ayuntamiento. Si lo que sucede es que, aún teniendo familia, este alega no disponer de recursos económicos suficientes ni seguro para afrontar los gastos de un funeral, entonces ésta tiene que demostrar dicha insolvencia. Un trabajador social se encarga de ello.
Sea como fuere, nadie se queda sin entierro y si el Ayuntamiento llegará a alegar la falta de recursos, la Diputación de León se haría cargo de ello.
