[VÍDEO] Despilfarro público en la Ciudad de la Justicia destinado a albergar el Instituto de Medicina Legal
La Junta de Compensación de Valdebebas, desarrollo urbanístico de este barrio madrileño, ha criticado lo que considera un «despilfarro» de dinero público para el mantenimiento de la Ciudad de la Justicia, por lo que ha pedido que se depuren responsabilidades.
En un comunicado, la Junta ha solicitado que se depuren responsabilidades y se investigue la gestión que desarrolló la empresa pública Campus de Justicia, S.A. entre 2008 y 2014, lamentando que esa gestión supusiera que se bloqueara y abandonara «un proyecto destinado a modernizar, renovar y agrupar las sedes judiciales madrileñas», tal y como demandaba la sociedad madrileña y el sector.
El edificio que había sido destinado a albergar el Instituto de Medicina Legal en ese complejo urbanístico, conocido popularmente como el «donuts», costó en su momento 21,4 millones de euros y, cada año, le cuesta a la ciudadanía madrileña 176.000 euros en mantenimiento y seguridad, han destacado, lo que ascendería a más de un millón de euros desde que se abandonara el proyecto.
La Agencia Tributaria ha exigido este año a la Comunidad de Madrid el pago del IVA que supuso transferir esta instalación, construida por la extinta empresa pública Campus de la Justicia, al inventario de la Comunidad de Madrid, más los intereses de demora, es decir, un montante de más de 3,7 millones de euros.
El presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas, César Cort, ha asegurado que la Ciudad de la Justicia «es una ciudad fantasma de 260.000 metros cuadrados en cuyos suelos se han invertido decenas de millones de euros en hormigón», por lo que ha instado a «retomar y concluir el proyecto» puesto que «las inversiones más caras ya se han realizado» y se pueden aprovechar.
La Junta de Compensación de Valdebebas apoyó en su día la iniciativa del sindicato de funcionarios CSIF de trasladar la antigua sede del Anatómico Forense de Madrid, cuyas instalaciones, prácticamente finalizadas, se encuentran en desuso.
Sin embargo, esta petición continúa bloqueada en la Comunidad ya que, tal y como ha adelantado hoy el diario «El Mundo», supondría un desembolso de 4,8 millones de euros más para ponerla en funcionamiento.