Fracaso de la funeraria municipal: Carmena renuncia a invertir 9,8 millones de euros en sus cementerios
El Gobierno de Manuela Carmena justificó la remunicipalización de la Funeraria por el mal mantenimiento que el socio privado, Funespaña, concedía a sus instalaciones. Desde que Ahora Madrid asumió todo el control de la sociedad a mediados de septiembre de 2016 ha venido anunciando a bombo y platillo que invertirá 39 millones de euros hasta 2020 para remozar los 14 cementerios, los dos tanatorios y otros tantos crematorios que son de su titularidad.
En 2018 le correspondía destinar 14,3 millones, pero según una nota interna a la que ha tenido acceso este diario, fechada a 29 de mayo de este año, se ha anulado un crédito de 9,8 millones de euros para este cometido. Lo curioso es que el importe se había autorizado siete días antes, el 22 de mayo.
Desde la secretaría general técnica del Área de Salud, Seguridad y Emergencias que dirige Javier Barbero se ordenó a la dirección general de Hacienda cancelarlo. «Se ha adoptado la decisión de no ejecutar durante este ejercicio 2018 los citados proyectos», indicaban escuetamente en el escrito. Desde el Gobierno municipal no ofrecieron a ABC ninguna respuesta al motivo por el que se van a retrasar los trabajos; tampoco desde la gerencia de la nueva empresa, encarnada por Fernando Sánchez.
Los 9,8 millones se iban a tomar del remanente de tesorería para sufragar los proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) correspondientes a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF). Iban a parar a doce camposantos; la mayor cuantía, para obras de reparación y rehabilitación en La Almudena, con 6,1 millones de euros.
Conservación austera
A la Corporación no le da tiempo a cumplir sus promesas. Mientras tanto, un paseo de domingo por la necrópolis más grande de Europa desvela que la conservación no está siendo el vértice de la nueva Funeraria: hay tumbas abiertas al paso de los transeúntes, ladrillos derribados por diferentes caminos, ornamentación destrozada y abandonada a su suerte, papeleras tiradas o llenas de basura, grafitis en sus muros, pintura sobre lápidas, vallas oxidadas y derribadas, muros de nichos con pilotes, calzadas con socavones y agrietadas… los desperfectos son incalculables.
Para el cementerio Sur de Carabanchel se habían presupuestado 1,7 millones de euros, también para obras de reparación y rehabilitación; 754.429 euros con el mismo fin para el de Fuencarral; 59.510 para el de Aravaca; 67.983 euros para el de Barajas; 130.093 euros para el de Canillas; 40.425 euros para el de Canillejas; 260.245 euros para los cementerios civil y hebreo; 70.357 para el de Cristo de El Pardo; 200.579 para el de El Pardo-Mingorrubio; 195.100 euros para el de Vallecas, y 144.927 euros para el de Villaverde.
El Partido Popular exige a Carmena que explique «cumplidamente» por qué las obras en los cementerios dejan de ser «urgentísimas» en cuestión de una semana. «Cuando se trata de hacer propaganda y anuncios son muy dicharacheros, pero cuando hay que gestionar y dar explicaciones, Ahora Madrid muestra su incapacidad y su falta de transparencia», considera Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto del grupo municipal del PP.
Las mentiras políticas
Cibeles enseña la cara de la gestión de la nueva Funeraria que más le gusta. Como informó ABC el 4 de junio pasado, en 2017 perdió 4,6 millones de euros en ingresos por el descenso de la contratación de los servicios básicos (alquiler de salas, transporte en coche fúnebre o inhumaciones, entre otros, la base de este negocio). La cuota de mercado había caído ocho puntos y la facturación había descendido un 8,9% respecto a 2015, el último año que fue dirigido de forma mixta por el Consistorio del PP y Funespaña –participado mayoritariamente por Mapfre–. Hace tres años se cerró el ejercicio con 51 millones de euros de ingresos y el año pasado, con 46,9 millones.
Mientras tanto, la Corporación ha vendido que cerró con beneficio el año pasado, y así consta en su balance (4,1 millones), pero omitía lo anterior y que ha dotado a su nueva sociedad de unas ventajas que no poseía la anterior entidad: subvenciones, exención del IBI y del Impuesto de Sociedades (bonificado al 99%).
El 11 de junio, este diario también publicaba cómo el equipo de Carmena había ignorado uno de los dos informes externos que encargó para justificar la municipalización. Parte del documento redactado por la consultora AFI (Analistas Financieros Internacionales Consultores de las Administraciones Públicas) subrayaba que el mantenimiento llevado a cabo por Mapfre garantizaba «la prestación de servicios funerarios y cementerios en óptimas condiciones». Ahora Madrid obvió esta valoración porque contrarrestaba sus argumentos para llevar a cabo la desprivatización.
El 28 de junio también se pudo saber por este periódico que la Justicia obliga al Ayuntamiento de Carmena a entregar a Funespaña los dividendos que se apropió cuando convirtió en cien por cien pública la empresa. El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid declaraba nulo el acuerdo unilateral adoptado por la Administración en abril de 2016 de no repartir las ganancias; se quedó con 47,4 millones de euros sin entregar al privado los 23 millones que le correspondían por ser el dueño del 49% de la compañía. El propio Carlos Sánchez Mato, artífice principal de la remunicipalización, ha justificado la falta de mantenimiento para no darle su parte.
A juicio de Henríquez de Luna, «la operación Funeraria es un ejemplo del fracaso de una visión dogmática de la gestión pública. Se está mostrando ineficaz y los madrileños acabarán pagando esta obsesión por utilizar un modelo que no funciona».
Publicado en ABC
