El Ayuntamiento de Barcelona quiere que se informe sobre el precio de un servicio funerario obligatorio
El Ayuntamiento de Barcelona quiere que los centros sanitarios, las residencias y el personal de los servicios sociales informen a los usuarios de que el servicio funerario obligatorio cuesta alrededor de 2.000 euros, de que hay otros gratuitos y bonificados y de que pueden elegir funeraria.
La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia, han anunciado que el consistorio está ultimando un protocolo de buenas prácticas de información sobre servicios funerarios en centros sanitarios y residenciales y a personal que asiste casos de fallecimiento a domicilio, que empezará a aplicar en las próximas semanas.
El protocolo establece que en caso de fallecimiento, las personas que se hagan cargo puedan recibir toda la información necesaria sin ningún tipo de preferencia hacia una empresa de servicios funerarios en concreto, garantizando el acceso a la información y la libertad de elección.
La teniente de alcalde Ortiz ha explicado que las primeras acciones de aplicación del protocolo de buenas prácticas en información sobre los servicios funerarios se llevaran a cabo en la red de servicios sociales municipales, en concreto en las viviendas y las cuatro residencias municipales para ancianos y en los servicios de atención domiciliaria y de teleasistencia.
Ortiz ha explicado que la voluntad es extender este protocolo y por ello se está trabajando en su «encaje» con los grandes centros sanitarios de la ciudad y con la Generalitat.
El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha señalado que con este protocolo se quiere acabar con la «práctica del dirigismo» que se ha detectado en algunos centros, «clarificar los precios» y que los usuarios conozcan sus derechos en el acceso a los servicios funerarios.
Si no se dispone de seguro de defunción, el coste medio de los servicios funerarios en Barcelona es de 6.000 euros, pero los considerados obligatorios (gestión administrativa, féretro y tanatopraxia básicos y traslado al cementerio o lugar de cremación) está en el entorno de 2.000 euros, ha explicado el concejal.
Otros gastos mortuorios obligatorios son los de cementerio, 500 euros en el caso de entierro si se dispone de sepultura y 700 si se opta por la incineración. A estos, si se cumple con la costumbre de tener una sala de velatorio y celebrar una ceremonia fúnebre, hay que añadir otros mil.
Así, el coste estándar de morir en Barcelona estaría en unos 3.700 euros, lejos de la media de 6.000, algo que el ayuntamiento quiere que conozcan los usuarios cuando traten con las aseguradoras o las funerarias.
El protocolo establece que los usuarios tienen derecho a recibir información sobre todas las empresas que operan en el territorio con independencia de donde se ha producido el fallecimiento o donde se quiere hacer el entierro o incineración del difunto, sin tratos preferenciales desde un centro o servicio hacia una o más empresas funerarias.
Derecho a que les expliquen cuáles son los servicios considerados obligatorios en caso de fallecimiento (féretro, tanatopraxia básica, gestión administrativa y traslado hasta el cementerio o lugar de cremación) y cuáles son los servicios complementarios u opcionales.
Y también derecho a que en caso de seguro por fallecimiento se mantiene la libertad de elección de empresa funeraria y que no es necesario agotar el capital asegurado, que se devolverá en caso de que haya un sobrante.
Desde la Asociación Esfune nos congratulamos de la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona. Esfune fue la promotora ante el consistorio de esta iniciativa que ahora verá la luz.
Eso del «protocolo de buenas prácticas de información sobre servicios funerario» me suena a música celestial. Ya existen en teoría muchas actividades comerciales con protocolos escritos con letra pequeña que en la práctica no siempre se corresponden con esa buena “voluntad”. Lo deontológico sucumbe ante el lucro sin escrúpulos.
Lo eficaz sería detectar las infracciones y aplicar severas sanciones a funerarias, hospitales, residencias, médicos y otros agentes sociales responsables de no informar del derecho a la libre elección que tienen las familias y de ocultar los servicios más económicos. En caso de reiteración, se tendría que llegar incluso a la retirada del permiso para poder operar en el municipio a la empresa funeraria. Esa sería la OBLIGACIÓN que los responsables municipales deberían ejercen para defender los DERECHOS de los usuarios de un servicio que mueve mucho dinero en un momento emocionalmente difícil para las familias.
Si no hay voluntad ni mecanismos para hacerlas cumplir, las normas no sirven prácticamente para nada. Sólo para poner más en evidencia los abusos.
El Auntamiento de Barcelona es segú la Ley Catalana 2/1997 (art. 13) el encargado de realizar la instrucción y sanción de la práctica dirigista —verbal y por escrito— que sufrí hace casi dos años por parte del Hospital Sociosanitario Mutuam Güell hacia Serveis Funeraris de Barcelona (Mémora). Tienen constancia de mi denuncia desde diciembre de 2016 y tamnién de una segunda que les presenté en agosto de 2018.
El tiempo ha pasado y no he visto ninguna respuesta efectiva al respecto.
Ahí lo dejo.
https://m.youtube.com/watch?v=6kwXUqNzoV0&t=61s
El Sr. Monterde fue víctima por duplicado de una enfermera del Hospital Sociosanitario Mutuam Güell (Barcelona) y de la Funeraria Mémora (Barcelona). Su valentía y tenacidad, no han sucumbido al poder infinito «silenciador» de esta multinacional propiedad de un fondo de pensionistas canadiense.
La estafa y abuso a que fue sometido, ya se le conoce como el «CASO MONTERDE». Por parte de la Asoc. Esfune tiene nuestro total apoyo y asesoramiento.
En relación al Ayuntamiento de Barcelona, como se ha indicado en el escrito anterior; fue la Asoc. Esfune la que solicitó se tomarán medidas por parte de los responsables del consistorio para atajar y sancionar estas prácticas ilegales que en esencia se centran en la materialización de Contratos de Exclusividad entre Hospitales o Geriátricos con ciertas Funerarias.
Ante las denuncias reiteradas por parte de la Asoc. Esfune ante el Ayuntamiento desde hace varios años; no se entiende por que solo por parte del Ayuntamiento, solo se legisla y no se aplican las sanciones que la ley funeraria catalana ampara y autoriza a los ayuntamientos a aplicarlas.
Los mundos de ITACA son muy bonitos y el postureo ante el electorado queda bien pero el Cártel Funerario se ríe y prosigue con sus acuerdos de exclusividad. La verda Srs. políticos, ¡esta inacción sancionadora suya, es algo sospechosa!
Como muestra un botón de las prácticas del Cártel Funerario. Entrad en el canal ESFUNE de Youtube