Encuesta realizada por ARAG: solo uno de cada 10 menores conoce la responsabilidad legal de sus actos
Solo uno de cada diez menores españoles conoce sus derechos y las consecuencias legales que tienen sus actos, según una encuesta hecha por la compañía aseguradora Arag, a 879 escolares de toda España, que demuestra un gran desconocimiento de las consecuencias de las conductas delictivas.
La encuesta constata, sin embargo, que los escolares conocen mejor algunas casuísticas concretas propias de su generación, como el acoso escolar o el ‘ciberbullying’.
El estudio, titulado «Hechos y Derechos» y que busca concienciar a los más jóvenes sobre sus derechos legales y las consecuencias de sus actos a nivel jurídico, se ha hecho en base a una encuesta de diez preguntas a 879 alumnos de 13 colegios de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza.
Sólo dos de los 879 han contestado correctamente a todas las preguntas del cuestionario, mientras que tres las han respondido todas mal. La mayoría (un 60 %) han respondido bien entre tres y cuatro de las 10 preguntas y un 12 % aprobaría el cuestionario.
Si bien el 75 % de los encuestados contestan acertadamente la edad de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (de los 14 a los 18 años) y el 62 % piensa que un menor puede estar obligado a ir a juicio, sólo un 8 % sabe que los delitos cometidos siendo menor de edad no se convierten en antecedentes penales en la vida adulta.
El estudio también muestra que un 23 % de los alumnos considera que un menor, junto a sus padres o tutores, es también responsable de los perjuicios económicos causados por su delito, considerando la mayoría (73 %), equivocadamente, que la responsabilidad económica recae únicamente sobre los padres o tutores.
Por contra, un 73 % de los encuestados conocen la diferencia entre robo y hurto y sabían que radica en el uso de fuerza, violencia o intimidación.
Un 85 % también conoce la diferencia entre acoso y ciberacoso, pero muy pocos saben que sus consecuencias pueden limitarse a ser psicológicas (y no solo físicas) y que, para ser considerados como ‘bullying’ o ‘ciberbullying’, deben ocurrir de forma repetida en el tiempo, sin perjuicio de que actuaciones puntuales también puedan ser sancionadas penalmente en su justa medida.
En cuanto al botellón, un 92 % es consciente de que esta práctica puede suponer una multa (sanción administrativa), aunque la mitad cree, de forma errónea, que se trata de un delito por sí solo.
