IU de León exige la reversión de Serfunle para que sea de gestión «pública y directa»
La secretaria provincial de IU, Eloína Terrón, ha explicado este jueves que su formación, así como En Común, van a presentar mociones en los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre para que los tres consistorios empiecen a trabajar en la reversión de Serfunle a una gestión «pública y directa».
Se quiere así ganar tiempo para que pueda ya estar todo preparado cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dicte una sentencia tras el recurso de la funeraria Mémora, la parte privada de la empresa mixta presente en los tres municipios, a la sentencia del Contencioso que considera ilegal el canon que se cobraba y que no estaba incluido en los pliegos que se sacaron a licitación en su momento.
Terrón ha insistido en que el objetivo de esta moción es, en primer lugar, lograr una gestión pública del servicio, que supondría un ahorro de un millón de euros a Serfunle. Y es que al canon anual, que asciende a 600.000 euros, se sumarían otros 300.000 euros por el beneficio industrial y el resto por el impuesto de sociedades. A todo ello se añadiría que desde el momento en el que se empezó a aplicar el canon, la mancomunidad de servicios funerarios ha abonado a Mémora en torno a 10 millones de euros. «No se puede permitir que no se retome la gestión pública porque no se ha preparado antes», ha agregado Terrón.
También han pedido que se estudie «una rebaja de los precios de los servicios funerarios», teniendo en cuenta precisamente ese millón de euros que se podría ahorrar si la gestión fuera totalmente pública. De hecho, ha apuntado que en los tres municipios en los que opera Serfunle «el coste es un 30 % más caro».
Otra de las peticiones que se incluye en la moción es que «se tome medidas contra los técnicos que informaron positivamente» sobre el pago de este canon, aunque ha apuntado que tendrían que ser los servicios jurídicos los que deberían estudiar qué acciones deberían adoptar.
La moción también incluye la exigencia de que «se cese de forma inmediata el pago de ese canon», puesto que ya hay sentencia, a la vez que se espera que la del TSJCyL sea «antes de las elecciones», de ahí que exija «empezar a tomar ya medidas».
