La UAB realiza análisis de ADN para identificar los restos afectados por el derrumbe en el cementerio de Montjuïc
El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó el pasado mes de julio un contrato de un año de duración y por un importe de 60.000 euros a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para que realizase un análisis de ADN a los cadáveres afectados tras el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc en septiembre de 2017, para su identificación.
En 2017 la UAB ya era la responsable de realizar un estudio para identificar los restos que se encontraban mezclados tras el derrumbe, lo curioso del caso, es que en el listado de encargos del año pasado no figura ningún contrato con la UAB. Paralelamente el Ayuntamiento de Barcelona contrató los servicios de dos antropólogas. Si figuran, cinco contratos que ascienden a un total de 37.045,36 euros otorgados a Dominika Nociarova, la antropóloga que dirigió la exhumación.
A medados del pasado mes de julio fue presentada una querella por una cincuentena de familias afectadas por el derrumbe de nichos por presuntos delitos de profanación de cadáver, daños, prevaricación, malversación y falsedad documental.
Los abogados se querellaron contra el presidente de Cementiris de Barcelona y concejal de Presidencia, Eloi Badia; el gerente de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y la antropóloga que ha dirigido la exhumación, Dominika Nociarovà, en nombre de 20 propietarios de los nichos.
Cuando las familias hicieron pública la presentación de la querella, el Ayuntamiento contrató a la UAB para realizar el estudio de ADN de los restos. La empresa Cementiris de Barcelona, el ayuntamiento tiene el 100% del capital, fue la responsable de contratar los servicios de la UAB
El juzgado de instrucción 18 de Barcelona rechazó en septiembre pasado, admitir a trámite la querella presentada en julio por los familiares afectados, al considerar que no existen indicios de delito que permitan la apertura de una instrucción penal, una decisión adoptada sin dar traslado de la querella a la Fiscalía para informase.
Los abogados de las familias, Miguel Durán y Miguel Ángel Durán del bufete Durán & Durán y José María de Palacio del despacho Palacio-Lassaletta Abogados, consideraron esta decisión de “absolutamente injusta y carente de justificación que veta las familias de su derecho a que se investiguen las graves conductas cometidas por los responsables del cementerio”.
Control de nichos y taludes
El Ayuntamiento de Barcelona en enero de 2018 adjudicó un “plan de vigilancia y estudio de los taludes en la zona de acceso al Fossar de la Pedrera” a la empresa Segos Management por un importe de 17.600 euros.
La empresa Bac Engeneering Consultaancy Group, en febrero pasado, firmó un contrato para un “plan de auscultación de los edificios de nichos de la zona de Sant Joaquim”, por un importe cercano a los 60.000 euros.
