Según la delegada del Gobierno: «el fraude realizado por la funeraria afecta a miles de personas»
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su comparecencia para facilitar detalles de la ‘Operación Ignis’ ha manifestado que, «son miles las personas que se han visto afectadas a lo largo de dos décadas por el fraude de la Funeraria El Salvador».
La Policía Nacional ha concluido su trabajo en Valladolid con la detención de catorce personas, entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador, acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos en el momento del proceso de cremación.
Acompañada por el Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita, y la delegada en Castilla y León de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, la delegada del Gobierno ha dado algunas pinceladas de la operación desarrollada el pasado jueves para «desenmascarar» a los autores de una gran estafa, que «toca la fibra sensible de los ciudadanos».
Barcones se refería al ‘cambiazo’ que realizaban los investigados en el momento de la incineración cuando el ataúd caro pagado por la familia era sustituido por otro de mucha peor calidad para luego revender el primero a otros clientes, práctica que las investigaciones extienden igualmente a la reutilización de coronas fúnebres y flores en sucesivos sepelios.
Las pesquisas que han conducido a la detención de catorce personas, doce de ellas varones y dos mujeres, quienes pasarán mañana sábado, casi con toda probabilidad, a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 tienen su origen en el proceso penal iniciado en 2017 entre el Grupo El Salvador y un trabajador que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.
Un pendrive contenía mucha información
El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora como un boomerang en contra del Grupo El Salvador, a raíz de las indagaciones que la Policía comenzó a realizar sobre un pendrive del condenado que recogía numerosa prueba documental y gráfica, según han informado fuentes del caso.
La operación de la Unidad de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria se realizó de forma simultánea para evitar la destrucción de pruebas desde las 08.00 horas del jueves en distintas sedes del grupo empresarial y los domicilios de los detenidos con participación de 76 funcionarios.
Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga, donde la empresa cuenta con instalaciones, en ambos casos dotadas de crematorio, de ahí los siete registros efectuados en ellas y en domicilios de los presuntos implicados, en uno de ellos, el del máximo responsable, donde la policía se incautó de 961.785 euros en metálico.
Junto a ello se destaca la incautación de numerosa documentación-entre ellas los libros de registro-que, como así ha avanzado Jorge Zurita, llevará mucho tiempo analizar en un proceso que será «muy prolijo», en referencia a que se cuenta ya con pruebas documentales de entre «6 y 8 metros cúbicos» en papel y formato digital.
Según han informado los comparecientes, Barcones y Zurita, «las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015, aunque no se descarta que los hechos delictivos investigados puedan ampliarse a otros periodos» y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal e incluso algún delito más que pudiera determinar la autoridad judicial, como propia ser el de profanación de cadáveres.
El fraude realizado por este grupo empresarial podría afectar a «miles de ciudadanos» y habría generado pingües beneficios a este “grupo criminal en millones de euros», según ha manifestado la propia delegada del Gobierno.
La empresa funeraria no ha sido clausurada y seguirá prestando sus servicios.
