Funeraria El Salvador asegura ser víctima de «chantaje» por un extrabajador condenado por extorsión
Los propietarios de la Funeraria El Salvador hicieron llegar a los medios de comunicación un comunicado en el que exponían que todo este asunto se debe al chantaje de un extrabajador que, tras un litigio con la compañía, acabó condenado por extorsión.
“En el año 2017, la empresa sufrió por parte de un extrabajador un chantaje económico consistente en la reclamación de diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido”.
Fue El Salvador, según el comunicado, quien denunció al exempleado, por lo que se incoaron “diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción”, que desembocaron en un juicio penal en el que se condenó al extrabajador, jubilado desde hacía dos años, a un año de prisión.
El comunicado de la Funeraria El Salvador añade: “Sin que en esa sentencia se determinara actuación irregular alguna por parte de la empresa”. Y finaliza: “Todos los crematorios del Grupo cuentan con salas desde las que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación”.
La Funeraria El Salvador aseguran que se mantienen unos “rigurosos controles que garantizan la transparencia en los procesos de incineración”.Conviene destacar que según nos han informado “todos los crematorios del Grupo El Salvador disponen de salas para que los familiares puedan ver cómo entra el ataúd entra en la zona de cremación”.
La Funeraria El Salvador es un negocio familiar que ha pasado de padres a hijos, y que se presenta como líder en servicios funerarios de Castilla y León.
Se trata de un negocio familiar que se constituyó en diciembre de 1985, “con más de 30 años ofertando servicios mortuorios integrales en Valladolid y también en el resto de la provincia». El Salvador ofrece una atención personalizada las 24 horas y los 365 días del años y tienen una plantilla superior a los 70 profesionales.
La investigación, realizada por el grupo de Homicidios de la Policía, la dirige un juzgado de Valladolid y se encuentra aún bajo secreto de sumario, aunque es previsible que la delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, amplíe la información próximamente. // Noticia relacionada
