Siguen las denuncias por el fraude de los ataúdes, mientras la plataforma exige el cierre de la funeraria
El Cuerpo Nacional de Policía ha recibido hasta el pasado martes más de trescientas denuncias por el fraude de los ataúdes que investiga el Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, centrado en la retirada de féretros ya comprados antes de la incineración para revenderlos.
La Policía está proporcionando desde principios de febrero un modelo de denuncia, autorizada por la Fiscalía, a las personas que se sienten perjudicadas por la supuesta estafa descubierta mediante la operación policial «Ignis», con el fin de agilizar el trámite a los afectados.
Por el momento, tras la puesta en marcha de esta medida, el Cuerpo Nacional de Policía ha recibido ya algo más de trescientas denuncias, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad.
Mientras, el Juzgado continúa con las averiguaciones sobre los hechos, ante los que varios despachos de abogados están recopilando demandas para llevar caso por caso, amparados por la misma representación procesal, abogado y procurador.
Exigen la clausura de la funeraria
El bufete de Bárbara Royo Abogados, unido con Castellana 266 en la plataforma de afectados El Salvador, nombre este último con el que se denomina la funeraria investigada en Valladolid.
Estos dos despachos han planteado un escrito ante el Juzgado para solicitar «con carácter urgente» la clausura temporal de los tanatorios de la empresa El Salvador durante la instrucción del procedimiento.
Entre las alegaciones que plantean, figura la «extrema gravedad» de los hechos ocurridos y la «atrocidad» de los delitos que se investigan, con una estafa supuestamente cometida durante más de veinte años en concurso con otros delitos, según el texto que han presentado, al que ha tenido acceso Efe en fuentes del caso.
La solicitud sobre los crematorios de la empresa se dirige a que se encuentren cerrados hasta que se garantice que estas prácticas no se pueden volver a llevar a cabo.
El Juzgado investiga en concreto si el Grupo Funerario El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar los cadáveres y los revendían, con la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, un número calculado de forma provisional, según fuentes del TSJCyL.
