El fiscal se opone al cierre de la funeraria El Salvador a pesar de las múltiples pruebas que lo justificarían
La Fiscalía de Valladolid ha solicitado a la instructora del caso de la funeraria El Salvador que se rechace la petición de una de las acusaciones particulares para que se cierren las instalaciones del grupo de pompas fúnebres. El bufete de Bárbara Royo y Castellana 266 pidieron la clausura o, como alternativa, que el juzgado controle las actividades en el crematorio de Santovenia
Después de que Justo M., extrabajador de la funeraria El Salvador descubriese la estafa de los ataúdes, al registrar prácticamente todo lo que ocurría en la sala de incineración. Justo M, recopiló durante 20 años todo tipo de documentación en 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias usb con 207 fotografías y 44 vídeos.
Con su archivo ha dejado constancia de los delitos que se cometieron en la funeraria con la anuencia del dueño, Ignacio Morchón, quien, en su declaración ante el juez, culpó a Justo M como responsable del cambio de ataúdes, a la vez que sostuvo que la mayoría de las familias «veían como el féretro se introducía dentro del horno crematorio».
El dueño de la funeraria para justificar el poco interés económico que le podría suponer el cambiazo de ataúd declaro; “la funeraria no podía mover un cuerpo sin la autorización de la familia y muchas permanecían al lado del féretro hasta que se introducía en el horno crematorio”, y se preguntó “cómo se podía hacer el cambiazo”. Además declaró que este supuesto cambiazo no “merecía la pena porque, un ataúd me está costando ahora mismo 100 euros, ¿Para qué quiero yo el ataúd luego?”, sostuvo.
