Funerarias y familiares de fallecidos en hospitales de Sevilla exigen poder elegir con quién contratar el servicio
Parte del sector funerario junto con familias afectadas denuncia las dificultades que existen para poder acceder a un servicio cuando el difunto ha fallecido en un hospital, actualmente se ofrece el servicio sin alternativa pública y, sobre todo, sin competencia, extremo que ha sido denunciado por el propio sector y por los afectados.
Participa Sevilla lo llevó al Pleno del Ayuntamiento hispalense el pasado 28 de enero, planteaba una “reformulación de los servicios funerarios y su carácter social”, ante un mercado “donde la empresa concesionaria de los hospitales públicos de Sevilla monopoliza el servicio en los hospitales, sin competencia y sin una alternativa pública”.
Sevilla es la única provincia en la que están adjudicados por concurso los servicios funerarios en los hospitales públicos, donde se produce el 75% de las muertes en la provincia. La consecuencia directa es que, cuando un paciente fallece en el hospital, la empresa adjudicataria se hace cargo del cuerpo del finado y, directamente, lo traslada a sus dependencias, que en este caso es el tanatorio de la SE-30, sin pasar por el mortuorio del centro hospitalario ni que ninguna otra empresa pueda ofrecer sus servicios.
El traslado directo a este tanatorio hurta a las familias la posibilidad de decidir libremente la empresa que le preste los servicios funerarios, puesto que una vez que el finado está allí, los familiares suelen preferir que se mantenga en ese tanatorio y “aceptan” los precios de la empresa funeraria adjudicataria.
El coste de este servicio ronda los 3.000 euros más IVA, y tras la muerte de un enfermo en un hospital de Sevilla los servicios funerarios recogen el cadáver y lo llevan al Tanatorio de la SE-30 y se lo hacen saber a sus familiares, comunicándoles también los precios de los ataúdes, de la estancia en las instalaciones, del coche para el traslado al cementerio, y los afectados aseguran que el precio les puede salir por unos 6.000 euros.
Lo afectados reclaman que se mantenga el finado en el mortuorio del hospital hasta que los familiares tengan capacidad de decidir, para que no se sitúe a la empresa adjudicataria en una “posición abusiva” con respecto al resto de las empresas funerarias, para que se respete la Ley de la competencia y no se coarte el derecho de las familias a elegir libremente a una empresa funeraria con la que quieran contratar el servicio.
