No se han asumido responsabilidades por el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc
El informe pericial, elaborado por el catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Cecilio Botella, concluye que la manera en que se gestionó y la actuación a la hora de recoger los restos humanos por parte de los responsables municipales «fue la peor posible».
El pasado 15 de septiembre de 2017 se derrumbaron 144 nichos en el cementerio de Montjuïc de Barcelona afectando a 435 fallecidos que estaban ahí enterrados.
La incorrecta respuesta técnica que se dio tras el derrumbe ha ido acompañada de una conducta que reprueban muchos de los afectados, que han tenido que convivir estos 18 meses con falta de explicaciones e, incluso, con presiones para recibir indemnizaciones que evitaran reclamaciones posteriores.
De momento, el presidente de Cementerios de Barcelona y concejal, Eloi Badia, y el director de la empresa municipal, Jordi Valmaña, no han asumido ninguna responsabilidad por lo sucedido.
Y eso que la cadena de desaciertos acreditados es amplia. En la raíz de todo se halla una negligencia del Ayuntamiento, según un informe de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.
En el estudio se acusa al gobierno municipal de «mal mantenimiento» de las instalaciones. Esta situación se produce a pesar de que es una empresa que obtiene beneficios anuales por valor de más de dos millones de euros.
Además, quedó recogido que días antes del derrumbe de los 144 nichos, se había detectado una grieta, sin que se actuase para restañarla. Tras el derrumbe, la gestión fue objeto de numerosas críticas: una retroexcavadora lo removió y mezcló restos óseos con los escombros, lo que -según señalan- va a impedir la completa restitución de todos los cadáveres.
A partir de ahí, en julio, el Ayuntamiento anunció que llevaría a cabo pruebas de ADN para tratar de identificar los restos humanos inconexos que quedaron mezclados con los escombros. El estudio, con un coste aproximado de un millón de euros, no ha servido, hasta el momento, para extraer conclusiones fehacientes. La actuación promovida por los responsables del cementerio no ha escapado a la vía judicial.
Hasta 60 familiares unieron sus fuerzas para presentar una querella por delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación contra los dos máximos responsables de la empresa municipal y la antropóloga Dominika Nociarova, por su desacertada identificación de los restos humanos.
La querella no apuntó a la alcaldesa, Ada Colau, aunque no se descarta variaciones durante la instrucción. La indignación es máxima entre los afectados, que critican que la alcaldesa rechazó una invitación a un acto de homenaje a los fallecidos de los nichos.
