Declaran otros cuatro trabajadores de la funeraria El Salvador, aseguran no conocer el cambio de ataúdes

Otros cuatro trabajadores del Grupo Funerario El Salvador de Valladolid en activo, han declarado el viernes 31 de mayo en calidad de testigos ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, donde han asegurado desconocer cualquier tipo de práctica de cambio de ataúdes que menciona un extrabajador que denunció a la empresa.

Así lo han atestiguado ante la jueza que lleva el caso de los propietarios acusados como presuntos autores de estafa por el cambio de ataúdes adquiridos por clientes de la funeraria y que posteriormente eran cambiados por otros de menor valor antes de la cremación.

Los cuatro testigos han coincidido en que desconocían estas prácticas, supuestamente llevada a cabo durante una veintena de años y que podrían haber afectado a unas 6.000 personas, y han detallado ante las preguntas que les han formulado las diferentes partes cómo se hacían las reducciones de restos y cómo se trataban la cajas y las tapas de cristal, que en ocasiones se retiraban para no realizar la incineración con ellas, según han explicado fuentes jurídicas.

También han explicado la forma de trabajo de la funeraria, que cuenta con un sistema en el que a primera hora se reparten las tareas y se organiza el trabajo, y según han dicho era el propietario, Ignacio Morchón padre, el que ocasiones daba instrucciones y organizaba el trabajo para el mismo día o para el día siguiente.

Respecto al hijo del propietario, Ignacio, han comentado que sus tareas en la dirección y gestión eran pocas veces y sobre las hijas, Laura y Rosario, que las conocían poco, y que a veces se pasaban por la funeraria y en el caso de Rosario se encargaba de la facturación en la oficina.

Los cuatro testigos, trabajadores en activo de la empresa, han explicado también sus cometidos en la misma, con funciones variadas, en las que hacían “un poco de todo” y no siempre han estado en el mismo puesto, algunos en puestos de jardinería, en la cafetería o como enterradores.

Las declaraciones se enmarcan como consecuencia de la operación policial denominada ‘Ignis’ con la que se detuvo a cerca de una veintena de empleados e ingresaron en prisión el propietario y dos de sus hijos.