El abogado de Ignacio Monchón solicita una prueba caligráfica de la libreta que destapó la posible estafa
El abogado del empresario Ignacio Morchón Alonso dueño de la Funeraria El Salvador de Valladolid, ha solicitado al juzgado la libreta y las imágenes que aportó su exempleado Justo M, para realizar una prueba caligráfica y un análisis informático, respectivamente, mientras que una de las acusaciones ha pedido la realización de un análisis del contenido de urnas «selladas» propiedad de algunos de los posibles afectados por la presunta estafa del ‘cambiazo’ de ataúdes.
Análisis de urnas
Paralelamente, esta acusación ha presentado otro escrito la realización de pruebas periciales sobre el contenido de las urnas con las que cuentan ciertos afectados, ya que las mismas se encuentran en domicilios o el cementerio pero «selladas», por lo que «no se ha roto la cadena de custodia».
Se trata de someter a un análisis a su contenido, no de ADN porque éste está destruido, pero sí de los diferentes componentes de lo entregado en la urna y saber así si hay tierra, arena o sólo restos de una cremación.
Estas peticiones se han producido en una jornada en la que han prestado declaración en el juzgado cuatro testigos, trabajadores de la funeraria, que pidieron hacerlo voluntariamente y que han asegurado que tanto Ignacio Morchón padre como hijo eran los que daban las órdenes de forma indistinta en el grupo funerario.
La defensa reclama la libertad de Ignacio Monchón
La defensa de Ignacio Morchón padre, preso desde el día 2 de febrero, ha reclamado la puesta en libertad «inmediata» de su patrocinado sin esperar a la práctica de una prueba periciales sobre los bienes del empresario, dado que ya se ha aportado una por la defensa.
Guillermo Ruiz Blay ha señalado que no hay motivo para no hacerlo, e incluso ha advertido de que hay riesgo de que se produzca una detención ilegal, toda vez que se han cumplido los requisitos para su puesta en libertad al ponerse a disposición del juzgado los bienes y no ve motivo de que haya que esperar a otra pericial.
El Juzgado de Instrucción número 6 investiga a 25 personas por la operación ‘Ignis’ desarrollada por la Policía Nacional sobre la actividad del grupo funerario entre 1995 y 2015, cuando supuestamente pudo realizarse el ‘cambiazo’ de unos 6.000 ataúdes por otros más baratos con el fin de reutilizarlos para otros sepelios, además de hacer lo propio con las coronas de flores.
