El propietario del tanatorio El Salvador sale de prisión tras una fianza hipotecaria de 800.000 euros
Ignacio Morchón Alonso, propietario de Funeraria Grupo El Salvador de Valladolid, preso desde el día 2 de febrero acusado como presunto autor de cambiar los ataúdes antes del proceso de cremación y revenderlos, ha recuperado la libertad cuatro meses después tras garantizar fianza hipotecaria de 800.000 euros.
Tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
La excarcelación del empresario funerario de 75 años, se produce después de que la Sección Segunda de lo Penal modificara su situación de, prisión comunicada y sin fianza, por prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros.
La Sección Segunda consideró que, en este momento de la instrucción judicial, el riesgo de que el investigado pueda fugarse no ha desaparecido pero «sí se ha diluido», y puede neutralizarse «con medidas menos gravosas para el derecho a la libertad» como es la imposición de una fianza.
A este respecto, el tribunal tenía en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, el hecho de tener sus bienes embargados, la ausencia de pruebas o indicios de que tenga bienes en el extranjero, su avanzada edad y los problemas de salud que sufre.
La Sala valoró, igualmente, la circunstancia de que no exista la posibilidad de que «altere o destruya fuentes de prueba relevantes para la investigación» porque ya se ha intervenido toda la documentación encontrada.
Tampoco existe, según recogía la resolución, «un peligro fundado y concreto» de que el dueño de la empresa funeraria pueda «influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo» ni de que «pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas» o cometer «otros hechos delictivos».
La concesión de la libertad provisional se produce frente a la abierta oposición de la Fiscalía de Valladolid, que durante la vista celebrada la pasada semana fundamentó tal postura en el hecho de que las penas hipotéticas que el recurrente afrontaría en un juicio serían graves y, por ello, advertía del evidente riesgo de fuga asociado a su capacidad económica.
Esta misma sala es la que también estudió idénticas peticiones de dos hijos del empresario, Ignacio y Laura, ambos ya en libertad, en el primer caso tras abonar fianza hipotecaria de 800.000 euros y la segunda de 200.000, una vez rebajada la misma ya que había sido fijada en el mismo importe que el anterior.
