El tanatorio de Nules podría reabrir su actividad un año y medio después de su cierre
El Ayuntamiento de Nules (provincia de Castellón) decidió cerrar el tanatorio municipal el pasado 20 de noviembre de 2017 al considerar que en la adjudicación y apertura de este servicio se habían cometido una serie de irregularidades que justificarían no solo la clausura de las instalaciones, sino incluso la reversión de la concesión.
La empresa afectada denunció al consistorio ante los tribunales y estos han respaldado la decisión municipal.
El fallo de la sentencia número 442/2019 concluye que «el acto administrativo es ajustado a derecho y, en consecuencia, debe ser confirmado», condenando a costas a los demandantes.
De este modo concluiría un procedimiento judicial que avanzaba por una vía paralela al administrativo, dado que el Ayuntamiento había emplazado a la adjudicataria a subsanar los defectos de la ejecución de la obra y las deficiencias detectadas, estas intervenciones están a punto de concluir, por lo que tras un año y medio de inactividad, las instalaciones podrían volver a reabrir en breve, gestionadas por la misma empresa.
El munícipe especificó que, a día de hoy, solo faltaría ampliar las puertas del edificio. Una vez lo hagan podremos dar la licencia de apertura», detalla, y el servicio recuperará la normalidad.
Por qué se cerro el tanatorio
El tanatorio municipal de Nules se encontraba sin licencia debido al dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, de manera que después del requerimiento realizado a la empresa concesionaria y pasar dos meses sin que legalizara la obra y la actividad el Ayuntamiento de Nules cerraó el tanatorio municipal.
Los hechos se sucedieron después de la denuncia realizada por un particular que llevó al equipo de gobierno a revisar la concesión administrativa del tanatorio municipal, de manera que en el expediente se observó que en la anterior legislatura se había concedido la licencia con los informes de los técnicos municipales en contra.
Las razones esgrimidas por el Ayuntamiento para tomar una decisión fue la «ilegalidad de unas licencias ambientales otorgadas», como recoge la magistrada en la sentencia. A pesar de ello, la vía de solución para esta problemática no pasó por resolver la concesión, sino por tratar de solucionar los defectos o irregularidades detectados.
