Emucesa pide tres años de prisión para los exediles del PP procesados por ‘contrataciones fantasma’
La empresa que gestiona el cementerio de Granada (Emucesa), que está personada como acusación particular, ha solicitado la pena de tres años de prisión para los dos exediles del PP que están procesados en la causa sobre supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en esta entidad durante la etapa de gobierno del PP.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, Emucesa solicita la apertura de juicio oral contra un total de siete personas: los que fueran concejales del PP en la época en la que se realizaron estas contrataciones, Eduardo Moral y María Francés, y las cinco personas que supuestamente se beneficiaron de ellas entre 2005 y 2012, cuando la entidad era cien por cien pública.
Emucesa solicita para los dos exconcejales tres años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación.
A los cinco trabajadores que supuestamente se beneficiaron de estos contratos de alta dirección les acusa de un delito de malversación por el que pide penas de hasta tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.
En su relato de hechos, la empresa gestora del cementerio mantiene que salvo en el caso de una de las empleadas, todos los contratos contienen una cláusula de sometimiento a las directrices y coordinación del director gerente; y en todos se establece que el lugar de desempeño del trabajo será las oficinas de la empresa, sin perjuicio de acudir a otros lugares que se les señalen.
Sin embargo, en la sede de Emucesa no consta la realización de «ningún trabajo, servicio o prestación de clase alguna» realizada por ninguno de los trabajadores investigados, que tampoco han recibido instrucciones del director gerente, ni han asistido a la sede de la empresa «a desempeñar ningún puesto de trabajo».
Emucesa defiende que durante el tiempo de estas contrataciones disponía de espacios suficientes para acoger trabajadores adicionales y contaba con un despacho destinado al consejero delegado.
Concluye así que la finalidad de todas las contrataciones fue «la realización de servicios ajenos a la actividad y fines de la empresa», a pesar de lo cual Emucesa pagó los salarios, que en el escrito se cifra en un montante cercano a los 300.000 euros. A lo que suma las prestaciones por desempleo que luego pudieron cobrar algunos de los contratados. En el ámbito de la responsabilidad civil, la empresa pide que los procesados restituyan lo cobrado indebidamente.
Emucesa no ha formulado cargos contra su actual gerente, José Antonio Muñoz, que sí ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada que ha llevado la causa, aunque ha solicitado que declare como testigo en caso de que se celebre el juicio.
