Fiscalía solicita seis años de prisión por el caso “contratos fantasma” en cementerio de Granada
La Fiscalía ha remitido al juzgado el escrito de acusación del caso Emucesa, sobre posibles contratos irregulares en el cementerio de Granada, y pide penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y de cinco años para María Francés, ambos exediles del PP y exconsejeros delegados de esa empresa.
La acusación pública, según ha informado este miércoles en un comunicado, solicita esas penas por haber realizado presuntamente contratos irregulares cuando fueron máximos responsables de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (EMucesa) en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.
Para los otros acusados, los cinco contratados, también se solicitan penas que oscilan entre los cuatro años y los cinco años y seis meses de prisión, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa y exige a los siete acusados a indemnizar a la empresa que gestiona el cementerio municipal, Emucesa, la cantidad de 309.831 euros por los contratos realizados.
A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exige la devolución de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, esta se eleva a 32.521 euros con uno de los contratados ya que uno de ellos devolvió el dinero percibido a Emucesa.
En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de «alta dirección» simulando una relación laboral inexistente.
Añade que, desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse, constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública.
Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 euros por fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social.
La Fiscalía acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos, ha detallado en un comunicado.
