El director en funciones del IML de Málaga embalsama cadáveres sin permiso de la Junta de Andalucía
El médico forense Sebastián Díaz Ruiz, director en funciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga desde el pasado mes de abril, se ha lucrado embalsamando cadáveres de modo privado en la funeraria Francisco Camero SL de Benalmádena.
Lo ha hecho sin permiso oficial de la Junta de Andalucía, como él mismo ha reconocido a la Consejería de Justicia tras las preguntas de El Confidencial. «No nos consta que se le haya concedido la compatibilidad», admitieron a este diario fuentes oficiales de la Administración autonómica.
Como ha comprobado El Confidencial, Díaz realizó la autopsia de un fallecido y su embalsamamiento, una práctica no permitida según la Ley de Incompatibilidades 53/1984 del personal de servicio de las administraciones públicas. El Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprobó el reglamento orgánico del cuerpo médico de forenses, detalla en el punto D del artículo 50, que analiza las incompatibilidades, que la intervención como particular del forense será “incompatible” en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.
En las diligencias previas 318/16 del juzgado número 1 de Torremolinos, consta que el jefe de los forenses de la provincia de Málaga fue quien el 30 de marzo de 2016 practicó la autopsia, como colegiado 292906952, de un joven irlandés, de 21 años, que murió ahogado en una piscina de unos apartamentos situados en la calle Jaén de Torremolinos, según fuentes policiales consultadas.
El 1 de abril de 2016, como médico tanatólogo, procedió al embalsamamiento del cadáver. Esta práctica sería al menos irregular, al haber incurrido en incompatibilidades consideradas como “falta grave o muy grave” para los funcionarios, como consta en el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio.
Sebastián Díaz Ruiz tenía que haber solicitado esta compatibilidad si quería ejercer en este centro universitario. No le valdría, en el caso de que su compatibilidad estuviera solicitada, esa autorización. Para ejercer la docencia tenía que haber procedido a una nueva solicitud.
Sobre este asunto tampoco quiso responder el director del Instituto de Medicina Legal de Málaga a este diario mediante llamadas telefónicas del 24, 25 y 26 de junio, varios mensajes de WhatsApp a su móvil, y tres envíos de solicitud de información y aclaración de datos a su correo electrónico corporativo de la Junta de Andalucía.
El precedente del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ya dictó sentencia el 12 de junio de 2001 contra una enfermera que ejercía en la sanidad pública y en la sanidad privada a la que no se le reconoció su compatibilidad (artículo 11.8 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril). En su caso, su actividad profesional privada se ejercía “respecto de personas a quienes se está obligado a atender en el puesto público o que han sido atendidas en el curso del mismo proceso patológico en el hospital en que se desempeña la actividad pública”.
Este caso sería similar al de Díaz Ruiz, la Asociación Nacional de Médicos Forenses, que calificaron como “irregular” la actuación del director del IML de Málaga. En su perfil de LinkedIn, figura que ha realizado “más de 1.000 autopsias”. La provincia de Málaga es líder en Andalucía en estas disecciones de cadáveres por la alta concentración de residentes extranjeros que mueren en circunstancias violentas.
