Denuncian al Ayuntamiento de Monflorite por obstaculizar la exhumación de un cadáver
Una mujer de 63 años que ha iniciado un procedimiento judicial para averiguar si su padre biológico es un hombre fallecido en 2015 y enterrado en el cementerio del pequeño núcleo de Monflorite (Huesca) ha denunciado ante el juez la «actitud obstruccionista» del consistorio para la exhumación del cadáver.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca acordó recientemente ordenar el envío, el próximo 27 de septiembre, de una comisión judicial a dicho cementerio para la obtención de muestras de ADN que cotejar a las tomadas por un forense judicial a la demandante.
En su orden, el magistrado estableció que la representación legal de la mujer, el letrado oscense Ricardo Orús, debía de proveer al consistorio de los medios necesarios para llevar a cabo el desenterramiento en el momento de serles requeridos.
Tras un intercambio de correos electrónicos con el Ayuntamiento de Monflorite, el abogado ha dirigido un escrito al juzgado para denunciar los «reiterados obstáculos» planteados desde la corporación, que, subraya, «lejos de ayudar al cumplimiento de la orden, la está obstaculizando».
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el letrado destaca que a la primera solicitud de información sobre los medios necesarios, el municipio se limitó a contestar que el ayuntamiento «no provee de ningún tipo de medios para realizar este tipo de trabajos».
En dos sucesivas respuestas, el consistorio aclaró que no disponía de medios, «no que no quisiera proveerlos», remitió al letrado a las funerarias oscenses para informarse y recalcó que «este ayuntamiento, por su reducido tamaño, no realiza ni enterramientos, ni inhumaciones ni exhumaciones».
El municipio, tras insistir en que la demandante debía de proveer dicho medios, planteó por último que el cadáver «carecía de licencia de enterramiento y que ello generaba la carencia del derecho funerario».
Tras referir su extrañeza ante la última afirmación del municipio en relación a la falta de licencia de enterramiento, el abogado solicita del responsable judicial que sea él quien ordene directamente al consistorio el cumplimiento de la orden ante la cercanía de la fecha establecida.
En su demanda, la mujer relata que su madre se quedó embarazada en 1956 mientras trabajaba como asistenta en la casa del fallecido, en una población cercana a la ciudad de Huesca, y que la moral imperante en aquellos años obligó a marcharse del lugar para evitar un escándalo.
La niña nació el 28 de septiembre de ese mismo año en la localidad donde vivían sus abuelos maternos, donde la madre buscó refugio para tratar de eludir el estigma social.
La madre, hoy ya fallecida, informó a su hija sobre quien era su padre, pero esto no cambió la situación hasta que se produjo la muerte del padre, que nunca la reconoció como su descendiente.
La demanda subraya que durante los años en los que la madre trabajó para el fallecido, surgió una relación «sentimental, íntima, sexual y continuada» entre ambos que derivó en un embarazo.
Los herederos legales, tres sobrinos del supuesto progenitor, se personaron semanas atrás en dependencias judiciales para expresar su decisión de no oponerse a la demanda y de aguardar al resultado de las pruebas genéticas.
