Apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellas dos exconsejeros de cementerios de Granada
El Juzgado de Instrucción 9 ha acordado la apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellas los dos exconsejeros delegados de Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa) Eduardo Moral y María Francés, por contrataciones fantasma en el cementerio de Granada.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, también se decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto al gerente José Antonio M.R., al no haberse formulado contra él acusación por parte de la Fiscalía ni del resto de partes personadas.
Respecto a la responsabilidad civil de los acusados, la juez requiere a Eduardo Moral para que preste una fianza de 286.310 euros para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer, y solicita a María Francés la cantidad de 32.521 euros por ese mismo motivo.
Las fianzas para cuatro de los cinco acusados restantes oscilan entre 36.408 y los 116.156 euros, mientras el quinto no tendrá que hacer frente a responsabilidad civil alguna puesto que ya consignó en el juzgado la suma de 2.161 euros.
La jueza declara además a la Audiencia de Granada como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, y da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus correspondientes escritos frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el letrado de la Seguridad Social, Emucesa, el PSOE y Marta Gutiérrez (Vamos Granada).
La Fiscalía pide penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y de cinco años para María Francés, ambos exediles del PP y ex consejeros delegados de Emucesa.
La acusación pública, según informó en su día, solicita esas penas por haber realizado presuntamente contratos irregulares cuando fueron máximos responsables de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.
Para los otros acusados, los cinco contratados, también se solicitan penas que oscilan entre los cuatro años y los cinco años y seis meses de prisión, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.
En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de «alta dirección» simulando una relación laboral inexistente.
Añade que, desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse, constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública.
Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 euros por fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social.
La Fiscalía acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos, ha detallado en un comunicado.
