Tanatorio El Salvador: La defensa de la familia Morchón solicitan una rebaja de las fianzas impuestas
La defensa de los tres integrantes de la familia Morchón, propietarios de el Tanatorio El Salvador de Valladolid, que figuran como principales investigados en la macrocausa de especial complejidad de los ataúdes, han solicitado a la jueza instructora “una rebaja” de las “elevadas fianzas” impuestas a Ignacio Morchón padre y a sus dos hijos Ignacio y Laura, unas cuantías que suman –en propiedades inmobiliarias puestas a disposición judicial– la cifra de 1,8 millones de euros.
Estas fianzas les permiten mantener, hasta que concluyan las diligencias de investigación, su situación de libertad condicional tras su paso por la prisión provisional pocas horas después de ser detenidos en el marco de la operación Ignis, que saltó a finales del mes de enero pasado. Los tres están investigados, junto a una veintena de personas más, por el supuesto ‘cambiazo’ de unos 6.000 ataúdes por cajas de inferior calidad en el crematorio de la necrópolis privada de Santovenia.
La estafa habría podido realizarse de manera continuada entre los años 1995 y 2005 según las investigaciones policiales, que arrancaron en 2017 después del intento de extorsión a Morchón padre por parte de Justo Martín, un exempleado de la funeraria, ya jubilado, que le amenazó con sacar a la luz decenas de fotografías de difuntos cuyos ataúdes habrían sido objeto de la sustitución.
El empresario Ignacio Morchón Alonso fue el tercero en ser puesto en libertad. Fue el pasado mes de junio, después de que el perito judicial diera el visto bueno en su informe de tasación a los tres inmuebles aportados por la defensa del fundador del Grupo Parque El Salvador para hacer frente a los 800.000 euros de fianza impuesto por la instructora del caso del ‘cambiazo’ de los ataúdes al principal investigado en el caso por su supuesta implicación en los delitos de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y participación en organización criminal. La Sección Segunda de la Audiencia estimó el recurso de la defensa y consideró que el riesgo de que el septuagenario, delicado de salud, se fugara, había quedado «diluido» y tuvo en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, así como el hecho de tener sus bienes embargados y la ausencia de indicios de que tuviera bienes en el extranjero.
La jueza ya había denegado la petición del recurso de reforma para rebajar el importe de la fianza de la hija pequeña del veterano funerario, que tuvo que poner una fianza hipotecaria por valor de 200.000 euros, de manera que será otra vez la Audiencia de Valladolid la que tendrá que pronunciarse respecto de la reducción de estas cuantías y también de los 800.000 euros de la de Ignacio Morchón hijo, gerente de la funeraria vallisoletana tras la jubilación de su padre.
El tribunal tendrá que pronunciarse también respecto del archivo solicitado por el bufete de Guillermo Ruiz Blay para otras ocho personas investigadas en la causa, familiares y empleados de la empresa de pompas fúnebres, José Luis L. G., Isidro M. A., Raúl Ll. M., Eladio G. M., José Antonio M. A., Felicísimo A. G., María Rosario M. V. y Rosario V. L.
