El alcalde de Morón investiga las irregularidades en las licencias del crematorio
El alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), ha dejado al grupo municipal de AMA-Morón fuera de la investigación sobre la existencia de posibles irregularidades y vulneraciones en la tramitación de las licencias del crematorio.
Tras el cierre por orden judicial se saldó con el pago a la empresa Lalo Siles S.L. de 254.673,26 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. Los ameros habían solicitado personarse como parte interesada en el expediente, tanto como grupo municipal como a nivel individual la concejal Rocío Álvarez.
El alcalde ha desestimado, según Diario de Moró, la petición formulada por el grupo AMA-Morón alegando que “los grupos municipales carecen de personalidad jurídica”, así como que “los concejales de ese grupo considerados individualmente, carecen de interés legítimo por su mera condición de concejales ya que el interés en velar porque la actuación municipal se ajuste a derecho, no es suficiente para ser parte en el procedimiento de responsabilidad patrimonial abierto a funcionarios/autoridades”.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO DEL ALCALDE
Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó parte el recurso interpuesto por la empresa Lalo Siles S.L. contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Sevilla, y condenó al Ayuntamiento de Morón a pagar 254.673,26 euros por el silencio administrativo del alcalde de Morón en una reclamación sobre el crematorio.
Los hechos se remontaban al cierre del crematorio, ordenado por el Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que declaró la nulidad de pleno derecho de las licencias de obra, de actividad y de puesta en funcionamiento, tras lo que la empresa pidió al Ayuntamiento una responsabilidad patrimonial de 636.683,16 euros. El Consistorio por su parte no se pronunció.
Ante esto, la mercantil Lalo Siles, S.L. interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Morón de la Frontera por silencio administrativo en la reclamación interpuesta con fecha 13 de enero de 2015, que fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 de Sevilla.
Tras recurrir Lalo Siles S.L. la sentencia, el TSJA le dio la razón a la empresa, revocó en parte la resolución del Contencioso reconociendo el derecho de la empresa a ser resarcida con 254.673,26 euros en conceptos de daños y perjuicios derivados de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Morón.
INICIO DE EXPEDIENTE
Ante esto, según recogía el decreto de alcaldía número 2019/01985, firmado por la secretaria del Ayuntamiento del pasado 30 de octubre y por el alcalde siete días después, se iniciaba un expediente relativo a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y funcionarios al servicio de la Administración Pública “considerando que pudiera existir relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido, que se valora en 254.637,26 euros”.
Así mismo, “entendiendo que el daño producido y del que ha tenido que hacerse cargo este Ayuntamiento, se ha podido deber a la actuación de autoridades/funcionarios por haber podido concurrir dolo, culpa o negligencia grave en su actuación, que ha causado, en consecuencia, perjuicios económicos a este Ayuntamiento, y siendo que el interés público exige que la Corporación sea resarcida del perjuicio económico ocasionado”, indicaba el alcalde.
De esta forma, el alcalde ordenaba iniciar la investigación casi un año después de que la secretaria del Ayuntamiento emitiera un informe al respecto, el 5 de diciembre de 2018. Según ha podido saber este medio, el primer edil moronense se ha mostrado todo este tiempo reacio a su inicio pese a estar obligado por la legislación vigente.
