Las aseguradoras de Salud colaboran con las autoridades atendiendo a sus clientes enfermos de coronavirus
El sector asegurador español declara su firme e inequívoca colaboración con las medidas para controlar la propagación del coronavirus en España establecidas por las autoridades sanitarias al asumir los costes derivados de la atención a posibles pacientes infectados.
UNESPA es la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la asociación fue fundada en 1977 y representa a más de 200 compañías que juntas abarcan el 96% del negocio en España. El seguro ha asumido en el pasado reciente los costes generados por otras situaciones similares.
Fue el caso de brotes como el del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, en inglés), de 2002/2003; la gripe aviar (virus H5N1), de 2004/2006; o, más recientemente, de la gripe A o gripe porcina (virus H1N1), de 2009/2010. En esta ocasión el sector asumirá también los costes que le correspondan derivados de la situación que se genere.
El seguro da cobertura sanitaria en España a 10,3 millones de personas. De esta cantidad, 8,4 millones de asegurados contratan su protección con carácter complementario a la asistencia sanitaria pública. Los restantes 1,8 millones de asegurados provienen de las mutualidades de funcionarios de la Administración Central del Estado, quienes tienen la opción de cubrir su atención sanitaria a través de conciertos con aseguradoras privadas en unas condiciones análogas a las que prestan los servicios públicos de salud.
Los centros privados adscritos a los cuadros médicos de las aseguradoras del ramo de salud forman parte del Sistema Nacional de Salud. Estos centros siguen los protocolos y directrices que se establecen por parte de los poderes públicos.
Los asegurados que acuden en la actualidad a un centro sanitario privado de los cuadros médicos de las aseguradoras están siendo atendidos con total normalidad. La llegada del coronavirus a España es un tema de salud pública nacional. Por esta razón, los centros asistenciales tienen la obligación de informar a las autoridades sanitarias de los posibles casos que detecten y, a partir de ahí, seguir las directrices que marquen en cada momento los poderes públicos.
